¿Ley Mordaza a Internet en Venezuela?

Al saberse que el secretario general del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela, Roger Santodomingo estaría a favor de regular las actividades en la Internet, porque -según él- “todo espacio público requiere de regulación”, queda la impresión de que o bien Santodomingo desconoce la mecánica real del funcionamiento del ciberespacio como territorio de la libre expresión ciudadana, o por interés (¿necesidad?) personal le está haciendo coro al presidente Hugo Chávez para justificar una embestida política contra la libre expresión e información de los venezolanos en la web. Con su declaración recogida por la agencia mexicana de noticias Notimex, Santodomingo, quien se presenta también como director de un autodenominado Instituto Latinoamericano de Blogging y Redes Sociales (ILAB), que por cierto ofrece una “certificación en periodismo web y administración de redes sociales”, pone en entredicho la labor que cotidianamente hacen (hacemos) periodistas de todo el mundo en el mantenimiento de la sociedad de la información, autorregulada bajo los principios elementales de la democracia universal. Lo inquietante del pronunciamiento de Santodomingo, a quien los simpatizantes del presidente Chávez han acusado de agente de Estados Unidos, es que va a contracorriente del movimiento global de periodistas online que propugna por el respeto al elemental derecho de una web libre, sin fronteras, con capacidad de autorregularse en un entorno de madura responsabilidad social y marcos legislativos internacionales de avanzada, como corresponde al momento histórico que vivimos. Que el presidente venezolano Hugo Chávez hable de controlar a los nuevos medios web está dentro de la lógica de su estrategia para instaurar en su país un régimen socialista de viejo cuño; pero que la propuesta de aplicación de leyes mordaza en la red de redes se dé por parte de alguien se asume periodista, es un harakiri que salpica irremediablemente a quienes practicamos el periodismo en la Internet y enciende señales de alerta en torno a la posibilidad del aumento de facciones quintacolumnistas en los medios online de todo el mundo. Y es que hay quienes tienen interés en presentar al periodismo ciudadano con el rostro de las ruidosas y muchas veces ofensivas polémicas que, como una moda, se mantienen actualmente en foros abiertos al público de muchos medios de comunicación online, para justificar la creación de leyes mordaza para la web. Así fue con el caso que detonó hace unos días el debate venezolano sobre la regulación de la Internet. Los comentarios de Roger Santodomingo en apoyo a una legislación del uso de la red de redes tienen su origen en la publicación, en diversos sitios web venezolanos, de un par de noticias falsas que aparecieron originalmente en uno de los foros de lectores del sitio Noticierodigital.com, lo que motivó que el presidente Chávez pidiera a la autoridad judicial sancionar al medio de comunicación, diciendo, además, que “tengo entendido que en ese espacio periodicamente se publican llamados al Golpe de Estado”. Desde luego aquí no se polemizará sobre responsabilidades en la difusión de fraudes informativos, como los que dieron pie al presidente Chávez para plantear controles en la web, aunque queda claro que la elemental ética del periodista profesional establece no se debe publicar información que no está confirmada, como lo hicieron quienes retomaron los scams aparecidos en Noticierodigital.com. Por eso, entre otros motivos, debe establecerse que el periodismo ciudadano no es el del blogger (bloguero) que toma partido sobre los acontecimientos de la vida cívica, basado en sus filias o fobias políticas, que pueden ser pasajeras y veleidosas, sino que el periodismo ciudadano es el recuento y análisis de hechos de trascendencia social con un enfoque que permite entender esos hechos en el contexto de su incidencia directa sobre la vida de los hombres y mujeres de la calle, los que trabajan y generan la riqueza que sostiene a los Estados nacionales. El periodismo ciudadano busca ayudar a las personas comunes entender su realidad y tomar sus decisiones de vida con base en esa realidad, lo que, en un círculo virtuoso, permite a la población distinguir a las fuentes informativas confiables y a las que no lo son. Sin embargo, ante esta perspectiva del empoderamiento ciudadano a través de la web, los promotores de las leyes mordaza argumentan que los Estados tienen la prerrogativa de regular o controlar el acceso público a la Internet para evitar el “debilitamiento” de los Estados nacionales frente a la web. Pero, ¿puede un Estado debilitarse frente al poder ciudadano en la web o, peor aún, frente a mafias que lo mismo operan dentro que fuera de la red de redes? Sin duda es improbable, simplemente porque las leyes que se aplican offline tienen la misma validez y operatividad online. En cambio, todos conocemos de memoria lo que ocurre cuando los gobiernos intentan, en nombre de los Estados nacionales o en nombre de los derechos de los grupos vulnerables, intenta preservar la moral y la conciencia cívica de la sociedad, dentro y fuera de la Internet. De acuerdo con información recabada entre fuentes venezolanas, Santodomingo fue en algún tiempo director de Noticierodigital.com, considerado un sitio web opositor al gobierno chavista; sin embargo, ahora desde el ILAB y su sitio web “Código Venezuela”, Santodomingo respalda la creación de leyes restrictivas a la libertad de expresión y navegación en la Internet, como prevención de la comisión de delitos. Se dice que Santodomingo sufrió hace algunos años persecución del régimen chavista y linchamiento verbal de los seguidores del presidente Chávez por dejar que Noticierodigital.com fuera espacio libre y sin control para las voces disidentes. ¿Por qué ahora Santodomingo se pone del lado de los promotores de leyes mordaza en la web, que afirman que los órganos judiciales deben vigilar comentarios “apropiados” e “inapropiados” en la red y si es “necesario” censurar esos comentarios para prevenir delitos? En el mundo hay cientos de periodistas que, a pesar de las presiones de sus respectivos gobiernos, siguen adelante con su trabajo crítico y son justamente esas presiones las que los motivan a dar batalla por el mantenimiento de la web libre y abierta, lo que a la larga habrá de fortalecer el flujo transparente de la información veraz. Los rumores y los fraudes informativos son hijos de la opacidad en la difusión de la información y de la inmadurez de los auditorios para distinguir entre fuentes informativas serias y las que no lo son. El escándalo de las mentiras publicadas en la web venezolana puede deberse a la inmadurez analítica de sus “netizens” (ciberciudadanos); pero también pudo haber sido un incidente prefabricado para justificar los controles y vigilancia de los opositores al régimen chavista. Lo cierto es que una sociedad inteligente y madura, como la que navega en la web, no necesita que los gobiernos la protejan de los fraudes informativos que diario circulan lo mismo en un email, que en los sitios web basura, las redes sociales o hasta en la propia televisión. En cambio, lo que se impone en este momento histórico global es elevar el nivel educativo de los pueblos y fomentar la transparencia en todos ámbitos de la sociedad. Por lo que corresponde al papel de los gobiernos, sus representantes deben entender que la democracia en el siglo XXI se medirá por el nivel de participación ciudadana en la web y la capacidad de diálogo respetuoso de los gobiernos con sus ciudadanos.

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