Por la Libertad de Expresión e Información: Medidas Preventivas, No Reactivas

El pasado 26 de Marzo entró en operaciones la Agencia Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en Agravio de las y los Periodistas en el Ejercicio de esta Actividad del Distrito Federal, que dentro de la jurisdicción de la Procuraduría General de Justicia de la capital mexicana busca garantizar “la adecuada investigación de los hechos cometidos en agravio de los que realizan una labor informativa, cuando dichos ilícitos son cometidos con motivo de su acción periodística.” Los corresponsales nacionales y extranjeros que ejerzan las actividades inherentes a la comunicación dentro del Distrito Federal también están incluidos en la protección que pretende ofrecer esta nueva institución, adscrita a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales, y que abarcará atención psicológica, médica y/o asistencial a las víctimas. Medidas como ésta, que tienen el objetivo de generar confianza sobre la impartición de justicia ante la ola de creciente violencia contra periodistas en México, tienen un inquietante doble filo, pues la creación de una fiscalía especial anticipa el aumento de delitos; pero también revela que las autoridades mantienen una estrategia de reacción y no de prevención relativa a la comisión de delitos, como los que se cometen contra la libertad de expresión e información en la persona de periodistas. Aunque el Gobierno de la Ciudad de México busca mostrar interés en la defensa de los periodistas y de la labor informativa en beneficio de la sociedad, la experiencia reciente -con la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas del Gobierno Federal- demuestra que la existencia de perseguidores de criminales no frena los ataques y, lo que es peor, hasta ahora no ha arrojado investigaciones serias que conduzcan al castigo de quienes han asesinado, desaparecido, agredido o amenazado a periodistas. En una democracia viva no es necesario crear cuerpos especiales para el esclarecimiento de delitos; se requiere un compromiso de la autoridad para la prevención de los crímenes contra periodistas que se traduce en primera instancia en el respeto a la libre expresión. En una democracia viva, las leyes y las instituciones deben responder eficientemente con un lineamiento general a la resolución de problemas específicos. El delito de asesinato o desaparición no debe tener un trato diferente si la víctima es un periodista o un ciudadano de a pie. Las autoridades tienen en cualquier caso, la obligación de resolver satisfactoriamente una investigación y dar a los culpables el castigo que establecen la legislación penal. Querríamos ver en México más prevención de los delitos, que una persecución empantanada por intereses de grupos vinculados a la corrupción, dentro y fuera de las instituciones de gobierno. ¿De qué servirá la existencia de la fiscalía local en la capital del país para esclarecer un delito perpetrado contra un periodista, si en un momento dado, el caso es atraído por la Procuraduría General de la República y ésta apuesta al olvido de las víctimas, como ha ocurrido hasta ahora, tal como lo demuestran los reportes de organizaciones de periodistas, locales e internacionales, como Reporteros Sin Fronteras, la Sociedad Interamericana de Prensa o la Fundación para la Libertad de Expresión? Más que decisiones de impacto en los medios de comunicación, lo que se espera de la autoridad mexicana a todos los niveles, es el compromiso auténtico de hacer respetar la libertad de expresión y el derecho a la información y, ante la comisión de delitos contra estos derechos inalienables de todos los ciudadanos, una impartición de justicia expedita.

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