Sin Justicia No Hay Democracia

Twitter: @silviameave 

 Los boletines oficiales de prensa pueden informar que las desapariciones y asesinatos de periodistas en México son obra de las mafias del narcotráfico, el secuestro, la piratería y todo tipo de ilícitos que dejan grandes ganancias a quienes los cometen; pero lo cierto es que nadie sabe a ciencia cierta quién está violentando no sólo la libertad de expresión e información, sino la vida de decenas y miles de familias de trabajadores de los medios de comunicación, porque no hay investigaciones policíacas serias ni una aplicación expedita y efectiva de la justicia.

Desde este punto de vista, el presidente Felipe Calderón, quien llegó al poder en medio de fuertes cuestionamientos sobre la legitimidad de su gobierno, hace ya casi cinco años, se mancha las manos de sangre por omisión, por negligencia o ineptitud para cumplir como garante de la vida y la seguridad de los mexicanos, misión que aceptó al asumir la presidencia de la República, en sus propias palabras “haiga sido como haiga sido” (sic).

Desafortunadamente, los Poderes Legislativo y Judicial de igual modo poco han hecho para que las políticas de combate a la mal llamada “delincuencia organizada” se traduzca en una irrestricta aplicación de la justicia, de acuerdo con los principios constitucionales, y no en lo que se ha convertido: un ajuste de cuentas desde los poderes fácticos.

Paradójicamente, los hombres y mujeres de gobierno han debilitado con sus políticas fallidas y omisiones el Poder insitucional del Estado y ellos mismos se han integrado a los poderes fácticos, al usar a la Ley para justificar sus acciones; pero no para ejercer la Justicia, como lo establece la Constitución.

El Comité de Protección a los Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York, en su Índice de Impunidad 2011 establece que “el nivel de impunidad de México ha empeorado por tercer año consecutivo” y que a lo largo de los últimos diez años, que son los que corresponden a la era de los gobiernos de la Derecha católica, muchos asesinatos de periodistas no han sido resueltos “en medio de corrupción generalizada en gobiernos locales y organismos de seguridad”.

Entre 2006 y 2010, bajo el gobierno del presidente Felipe Calderón, según estadísticas que no ofrecen números precisos porque aparentemente es imposible obtenerlos, de 30 a 40 periodistas y trabajadores de medios de comunicación han sido asesinados o están desaparecidos en el territorio mexicano. No se toma en cuenta en estas cifras ni a los familiares o testigos muertos como “daños colaterales”, como tampoco hay una lista de periodistas amenazados o agredidos junto con sus familias, por sus investigaciones y publicaciones periodísticas.

El presidente Calderón se lava las manos en cada discurso en el que afirma que son los gobiernos estatales los que tienen la responsabilidad de hacer seguimiento de los casos que atentan contra vidas y trabajo de los periodistas; cree que con la creación de fiscalías y grupos especiales de atención a los delitos contra periodistas él ya cumplió.

No obstante, este entorno de presunto combate a la impunidad no intimida a quienes atacan a periodistas, a la libertad de expresión y al derecho a la información, y por ende a la democracia.

El presidente de la República debe asumir su autoridad moral como líder de la nación para exigir a las instancias correspondientes en cada caso, por un lado que trabajen en la solución de los atentados contra el ejercicio periodístico; pero también para crear mecanismos de prevención de ataques a periodistas, a nivel nacional, basados en el respeto elemental de los derechos ciudadanos de expresión e información.

En un auténtico Estado de Derecho no hay motivos para que haya un solo periodista más, muerto o desaparecido en la impunidad. Al momento de redactar este texto, la nota del día es el asesinato por parte de un comando armado, de un periodista veracruzano y su familia.

Miguel Ángel López Velasco, conocido como Milo Vela, especializado en temas de seguridad y narcotráfico, era columnista del periódico “Notiver”, el de mayor circulación en el estado. Su nombre queda aquí hoy; pero se pueden llenar páginas enteras de nombres de periodistas que todavía no reciben la justicia del Estado democrático por el que dieron su vida. <>

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