Aristegui vs MVS: ¿Ganar por la Vía del RTuitazo?

*Este texto es parte de los borradores de mi libro:
“México frente a la libertad de expresión: De Proceso a las redes sociales”,
de próxima publicación en Absintha Publishing Co.

Si en el siglo veinte las batallas políticas por el poder en México se hacían uno a uno, a periodicazos, ahora parece que los tuitazos, o mejor aún, los RTuitazos de las huestes poco a poco van reemplazando cualquier vestigio de activismo cívico reflexivo y propositivo –ése que merece cualquier sociedad democrática.

Esto viene al tema porque México tiene una nueva mártir de la libertad de expresión made in the social media entre mentadas de madre y otras variadas agresiones verbales: Ella es Carmen Aristegui, cuatro veces Premio Nacional de Periodismo en medios audiovisuales y líder de opinión predilecta de la hoy disminuida Izquierda nacional.

La periodista fue despedida de la estación de radio MVS Noticias por segunda vez en cuatro años; y si la primera ocasión (2011) el motivo de su despido fue exigir al aire que se aclarara una presunta adicción al alcohol del entonces presidente Felipe Calderón, ahora — como dicen en la jerga política — “se puso de a pechito”, atribuyéndose una representación en MVS que — aparentemente — no tenía, cuando se integró a una nueva organización periodística denominada MexicoLeaks. Ella no desmiente esto.

Apenas se dio la presentación en sociedad de MexicoLeaks, la empresa radiodifusora que dirige Joaquín Vargas se deslindó ipso facto de su eventual participación en la citada organización que se define como “una plataforma independiente de denuncia ciudadana y transparencia, al servicio de la sociedad mexicana para revelar información de interés público”, y que claramente está inspirada en el movimiento WikiLeaks del australiano Julian Assange.

Hasta ahí todo se configuraba como una anécdota más de la siempre difícil relación que tiene cualquier empresa de medios con sus trabajadores (o viceversa). Sin embargo, MVS anunció el despido de Aristegui y su más cercano grupo de colaboradores “por pérdida de confianza” y explicó que estos comprometieron “recursos y marcas de la empresa, sin el conocimiento y autorización de la administración de MVS Radio, [lo que] es inadmisible e inaceptable.” La radiodifusora enfatizó: “no podemos permitir abusos por parte de nuestros colaboradores”, aclarando que una asociación con MexicoLeaks  per se  no era causa del despido de los periodistas. Tal vez sí, tal vez no.

TANTOS AÑOS DE MARQUESA…

Nadie puede negar el aporte que ha hecho el equipo de investigación periodística de Carmen Aristegui a la sociedad mexicana. Así que el hecho de que salga del aire su programa de radio — que es un referente de periodismo independiente — deja momentáneamente un vacío en el espectro de los medios audiovisuales; pero la calidad de la labor periodística que realiza Aristegui le garantiza, como le ha sucedido a lo largo de su carrera, nuevos espacios para continuar con su proyecto profesional, empezando por su sitio web Aristegui Noticias. Entonces, ¿por qué tendría que ser MVS de manera forzada, el medio que siga dando espacio al trabajo de la periodista? ¿Por qué el equipo de periodistas no desafía abiertamente al régimen supuestamente censor y le exige un espacio en la radio o la televisión pública a manera de desagravio laboral?

Al cierre de esta edición ninguna de las partes en conflicto ha aclarado si los reporteros investigadores Daniel Lizárraga e Irving Huerta, decidieron por iniciativa propia o por órdenes de Carmen Aristegui, que se diera a conocer una supuesta alianza participativa de MVS y Aristegui Noticias, espacio periodístico online propiedad de la periodista, en MexicoLeaks, y en todo caso, por qué lo hicieron así.

De lo que hay constancia es que MVS anunció el despido de los colaboradores de Aristegui y ésta se inconformó públicamente desde su programa radiofónico, pues dijo que no se le notificó previamente la decisión de la empresa y que esto afectaría la labor de generación de contenidos periodísticos para el programa.

Claro que, hasta donde se sabe, ella tampoco notificó previamente a la empresa de que anunciaría una alianza conjunta en MexicoLeaks. Luego fue la propia Aristegui quien corrió la especie de que el despido de sus colaboradores está relacionado con sus investigaciones periodísticas ya por todos conocidas sobre el presunto tráfico de influencias en las licitaciones del gobierno federal y otras irregularidades constitutivas de delito, las cuales fueron dadas a conocer hace más de cuatro meses.

En medio de un intercambio de mensajes públicos que azuzaron a los simpatizantes online y offline de las partes involucradas en el asunto, Aristegui terminó siendo despedida y el “pleito artificial” que ella en un principio aseguró querer evitar, se transformó — en sus propias palabras —  en “estridencia mediática y ruptura” con todo y movilización tanto de simpatizantes como de adversarios de la periodista lo mismo en las redes sociales que a la puerta de la sede de la radiodifusora que dio espacio a Carmen por alrededor de seis años.

Más aún, alguien en Twitter creó el hashtag #JesuisCarmen, que equipara el problema laboral de Aristegui con el reciente ataque terrorista en París al equipo editorial de Charlie Hebdo… ¿Tanto así?

Tal vez sí, tal vez no. Pero… ¿Por qué una periodista profesional, de muchísima experiencia, como Aristegui utilizó sin autorización el nombre de MVS en un proyecto periodístico que ya de antemano es un desafío a los corruptos grupos de poder y al statu quo?

Más aún, si Carmen Aristegui había abierto un espacio que era un oasis periodístico para su auditorio, ¿por qué tomó decisiones que, según la empresa para la que trabajaba como empleada no le correspondían? Por supuesto, ella no es novata, ingenua ni tonta; pero — su trabajo lo evidencia — es provocadora (quizá como debe serlo cualquiera que se dedique al periodismo).

Ahora, MVS asegura en uno de sus comunicados sobre el caso que Aristegui estaba usando recursos de la empresa para hacer investigaciones periodísticas que utilizaba en otros medios de comunicación, y el apresurado establecimiento de nuevos lineamientos editoriales por parte de la radiodifusora para sus colaboradores dejan entrever que hubo algún conflicto de intereses personales en el trabajo periodístico de Carmen, por un posible activismo político de ella. Tal vez sí, tal vez no.

Peor: En lo que podría ser el último comunicado de un primer round en una resbaladiza lucha preelectoral en el lodo, MVS le dio a Aristegui un machetazo a caballo de espadas mencionando que en semanas recientes la empresa “autorizó la compra del automóvil de lujo que le proporciona [a Carmen], con el doble de valor del establecido en el contrato”, dando a entender que la compañía estaba a gusto con el trabajo de la periodista y por tanto, el cese fulminante de su equipo de trabajo no fue un acto de censura proveniente de las altas esferas del poder.

Además, como lo marcan las reglas no escritas de lo políticamente correcto, la administración de Enrique Peña Nieto, a través de la Secretaría de Gobernación, puso sus barbas a remojar y emitió un comunicado en el que circunscribe el incidente Aristegui-MVS como un asunto entre particulares. Tal vez sí, tal vez no.

POR LEY, LA LIBERTAD ES DEL QUE LA PAGA

Lo inusitado del caso fue el modo como Aristegui y su equipo se apoyaron en fans y detractores de las redes sociales para dirimir públicamente un conflicto laboral y entregaron su defensa de la libertad de expresión, a un grupúsculo presuntamente politizado, que frecuenta la web para asumir un falaz activismo verbal que transpira inquina colectiva y autocompasión social, engendros naturales del Estado fallido.

En México está de mas victimizarse en nombre de la libertad de expresión por un despido laboral, aunque sea de filosas aristas. México ocupa el sexto lugar a nivel mundial por el asesinato de periodistas, de acuerdo con las más recientes estadísticas de Reporteros Sin Fronteras, y hay sobrevivientes, paradójicamente en su mayoría freelance, que pueden contarnos qué ocurre realmente cuando un periodista toca los intereses más turbios y sensibles de los poderosos: Lydia Cacho, Anabel Hernández, Verónica Basurto, Miguel Badillo, Ana Lilia Pérez, entre los no pocos que se han atrevido a levantar la voz.

Por supuesto, no habría que esperar a una persecución encarnizada del equipo de Aristegui para pensar que la censura es la causa primera de su despido de MVS. Sin embargo, conociendo de primera mano la dinámica del poder censor en México, me atrevo a afirmar que si las investigaciones de sus periodistas hubiesen sido la causa de su despido de MVS, ella ya no hubiese salido al aire al día siguiente de la primera investigación incómoda que realizaron.

Y aunque hay quienes argumentan con justa razón que MVS es una concesión de un bien público y constitucionalmente debe garantizar las libertades de expresión e información — y por tanto devolverle el trabajo a Aristegui y su equipo –, también es cierto que la ley da a la radiodifusora todas las atribuciones de una empresa privada. MVS refiere un “abuso de confianza” por parte de sus empleados que ellos no han objetado (Lorenzo Meyer la considera “una infracción administrativa menor” del equipo periodístico de Aristegui).

Contra lo que dicen Meyer y muchos de los simpatizantes de Carmen Aristegui que le han dado a la comunicadora la ventaja del RTuitazo frente a MVS (aunque no la ventaja de las evidencias, todavía), no es un asunto menor tener que demostrar que el despido del equipo de la comunicadora sea un acto de censura gubernamental, pues nadie puede, en nombre de la libertad de expresión e información, encubrir errores “administrativos” ni de protocolos de investigación, o lo que sería más grave, arropar una agenda política personal con una falsa bandera de defensa de las libertades democráticas esenciales.

A estas alturas de la historia de México sería muy ingenuo no haber entendido que son los dueños de los medios de comunicación y de ningún modo los periodistas quienes marcan la pauta y los límites del periodismo que se hace en el país. Nos guste o no, la abrumadora mayoría de quienes se dedican al periodismo en sus diversos géneros y formatos es asalariada; se alquila para hacer lo que los patrones necesitan, no para ejercer su libertad de expresión personal, salvo que el contrato de trabajo lo especifique.

En el Derecho Positivo Mexicano, al igual que en el periodismo de investigación, se deben probar los dichos y hay que mostrar evidencias de lo que se afirma. Eso lo saben Aristegui, su equipo de trabajo, la gente de MVS y, desde luego, el gobierno federal. Por eso, la periodista debe contarnos la historia completa de lo que realmente sucedió, a partir del tipo de relación laboral o empresarial que mantenía con la empresa radiodifusora, qué clase de investigación periodística tenían en curso al momento de su despido, e incluso si sus fuentes informativas han recibido alguna presión gubernamental o de otro tipo.

Si las partes dirimieran el asunto en un juicio laboral de reinstalación, al cual Aristegui y sus colaboradores tienen derecho, estos periodistas estarían marcando un hito en la vida del país. Las batallas por la democracia no se ganan con insultos ni falacias invocadas en las redes sociales ni con marchas multitudinarias, sino con argumentos en el ámbito de la legalidad. Los periodistas expulsados de MVS deben abrir un espacio de discusión jurídica sobre la libertad de expresión del obrero periodístico, porque en los hechos, la ley tal como está, garantiza la libertad del propietario de medios; pero no de sus empleados.

Tampoco está claro dentro de la legislación cuáles son los recursos jurídicos de la ciudadanía, a nivel individual o colectivo, para hacer valer su derecho a la información, en casos de censura gubernamental o de grupos económicos de poder a comunicadores.

En el papel está la Ley en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales , modificada a mediados de 2014, que establece que todo ciudadano tiene derecho a conocer los datos sobre el desempeño de los actores públicos dentro Estado mexicano. Empero, en ninguno de sus artículos hay una sola mención de los mecanismos de protección de la investigación periodística profesional, al acceder a la información de interés público.

El artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice sobre la radio:

I. LA RADIODIFUSION ES UN SERVICIO PUBLICO DE INTERES GENERAL, POR LO QUE EL ESTADO GARANTIZARA QUE SEA PRESTADO EN CONDICIONES DE COMPETENCIA Y CALIDAD Y BRINDE LOS BENEFICIOS DE LA CULTURA A TODA LA POBLACION, PRESERVANDO LA PLURALIDAD Y LA VERACIDAD DE LA INFORMACION, ASI COMO EL FOMENTO DE LOS VALORES DE LA IDENTIDAD NACIONAL, CONTRIBUYENDO A LOS FINES ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 3o. DE ESTA CONSTITUCION.

Así pues, ni ésta ni las leyes secundarias sobre radiodifusión — o sobre los medios audiovisuales en general — plantean cómo el Estado y los concesionarios garantizarán el derecho a la libertad de expresión de los periodistas, sus empleados, ni el derecho a la información de la ciudadanía.

Mientras no haya modificaciones sustanciales a la legislación y sus mecanismos de aplicación, la libertad de expresión de los periodistas en México seguirá supeditada a la voluntad de los dueños de los medios de comunicación, y eso lo sabe cualquier trabajador de la información asalariado: El que paga, manda. Hacerle creer a la ciudadanía otra cosa es tan sólo un round boxístico de sombra con el poder político y económico del país (o global).

Las naciones democráticas desarrolladas tienen canales de televisión y estaciones de radio propiedad del Estado, que están obligados a ceder la totalidad de su espacio espacio a productores independientes de programas de interés público con la única restricción a la promoción del odio, el racismo, la violencia, la discriminación sexual, el libelo y temas afines que destruyen la cohesión social y la convivencia armónica.

Si las huestes que quieren cambiar al mundo en un RTuitazo cabildearan con sus representantes en Congreso de la Unión una revisión de la legislación sobre medios, libertad de expresión y derecho a la información, así como la apertura a productores de contenidos y periodistas independientes de los canales del Estado, que se sostienen con los impuestos de la clase trabajadora, se podría comenzar a hablar de un cambio cualitativo hacia la democratización de los medios en México; pero quedarse en las redes sociales para convertirlas en un muro de lamentaciones políticas prejuiciadas, sin propuestas creativas ni concretas, no aporta nada nuevo a lo ya visto a lo largo de todo el ciclo histórico de la post-Revolución.

www.silviameave.net 

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