#CDMX: La Misma Gata, pero Revolcada

Por si estaban preocupados: Diputados mexicanos aclaran que reforma política del Distrito Federal no es su transformación en un estado o entidad federativa, sólo será una “demarcación territorial” sui generis (diputada Cecilia Soto dixit) con un mayor número de burócratas.

Por lo pronto, la Asamblea “Constituyente” de la próximamente llamada Ciudad de México (CDMX) tendrá 40 por ciento de “diputados” designados por dedazo desde Senado, Presidencia de la República y el Gobierno del DF.

Los habitantes de las delegaciones capitalinas no deben aspirar ni en sueños a ser parte de algún municipio autónomo, que es la entidad administrativa básica de una república democrática.

Según la etimología latina, el concepto contemporáneo de municipio se remite al municipium romano, que era una ciudad libre que se gobernaba por sus propias leyes, aunque estaba asociada a la estructura política del imperio romano y que fue adoptado más tarde por el sistema republicano.

El artículo 115 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, correspondiente el título Quinto “De los Estados de la Federación y del Distrito Federal” establece que:

Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo,democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre (…)

Dicho de otro modo, sin municipio libre, no hay base para una organización estatal que pretenda ser representativa y, por ende, democrática. Y por consiguiente, los habitantes del hoy agónico Distrito Federal, y capital más poblada de América Latina, seguirán (seguiremos) siendo ciudadanos de segunda categoría en el concierto democrático de la Globalización, con un costo estimado por algunas fuentes periodísticas, del 15 por ciento del presupuesto destinado al funcionamiento anual de las actuales delegaciones políticas.

Se puede anticipar así que por cambiar de nominación, los habitantes de la capital mexicana podrán ver un mayor deterioro de la ya cuestionada calidad de algunos servicios básicos públicos como el asfaltado de las calles, menos luminarias, menos agua, menos camiones de basura, menos patrullas de policía, menos transporte público; pero más “representantes” en un Congreso que pudiera entretenerse en todo el año, durante todo un sexenio en la elaboración de reglamentos y leyes que — de modo particular en la capital del país — nacen muertos invariablemente a causa de la inercia del caótico modus vivendi urbano derivado de la corrupción y la ausencia de autoridad micro-regional.

Dirían en mi pueblo que la reforma política del Distrito Federal es la misma gata, pero revolcada. El gatopardismo es la especialidad de la alta burocracia mexicana y después de casi dos décadas del intento de consolidar una auténtica democracia participativa, la capital se convertirá en un hoyo negro político y administrativo.

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Aristegui vs MVS: ¿Ganar por la Vía del RTuitazo?

En México está de mas victimizarse en nombre de la libertad de expresión por un despido laboral, aunque sea de filosas aristas. México ocupa el sexto lugar a nivel mundial por el asesinato de periodistas.

*Este texto es parte de los borradores de mi libro:
“México frente a la libertad de expresión: De Proceso a las redes sociales”,
de próxima publicación en Absintha Publishing Co.

Si en el siglo veinte las batallas políticas por el poder en México se hacían uno a uno, a periodicazos, ahora parece que los tuitazos, o mejor aún, los RTuitazos de las huestes poco a poco van reemplazando cualquier vestigio de activismo cívico reflexivo y propositivo –ése que merece cualquier sociedad democrática.

Esto viene al tema porque México tiene una nueva mártir de la libertad de expresión made in the social media entre mentadas de madre y otras variadas agresiones verbales: Ella es Carmen Aristegui, cuatro veces Premio Nacional de Periodismo en medios audiovisuales y líder de opinión predilecta de la hoy disminuida Izquierda nacional.

La periodista fue despedida de la estación de radio MVS Noticias por segunda vez en cuatro años; y si la primera ocasión (2011) el motivo de su despido fue exigir al aire que se aclarara una presunta adicción al alcohol del entonces presidente Felipe Calderón, ahora — como dicen en la jerga política — “se puso de a pechito”, atribuyéndose una representación en MVS que — aparentemente — no tenía, cuando se integró a una nueva organización periodística denominada MexicoLeaks. Ella no desmiente esto.

Apenas se dio la presentación en sociedad de MexicoLeaks, la empresa radiodifusora que dirige Joaquín Vargas se deslindó ipso facto de su eventual participación en la citada organización que se define como “una plataforma independiente de denuncia ciudadana y transparencia, al servicio de la sociedad mexicana para revelar información de interés público”, y que claramente está inspirada en el movimiento WikiLeaks del australiano Julian Assange.

Hasta ahí todo se configuraba como una anécdota más de la siempre difícil relación que tiene cualquier empresa de medios con sus trabajadores (o viceversa). Sin embargo, MVS anunció el despido de Aristegui y su más cercano grupo de colaboradores “por pérdida de confianza” y explicó que estos comprometieron “recursos y marcas de la empresa, sin el conocimiento y autorización de la administración de MVS Radio, [lo que] es inadmisible e inaceptable.” La radiodifusora enfatizó: “no podemos permitir abusos por parte de nuestros colaboradores”, aclarando que una asociación con MexicoLeaks  per se  no era causa del despido de los periodistas. Tal vez sí, tal vez no.

TANTOS AÑOS DE MARQUESA…

Nadie puede negar el aporte que ha hecho el equipo de investigación periodística de Carmen Aristegui a la sociedad mexicana. Así que el hecho de que salga del aire su programa de radio — que es un referente de periodismo independiente — deja momentáneamente un vacío en el espectro de los medios audiovisuales; pero la calidad de la labor periodística que realiza Aristegui le garantiza, como le ha sucedido a lo largo de su carrera, nuevos espacios para continuar con su proyecto profesional, empezando por su sitio web Aristegui Noticias. Entonces, ¿por qué tendría que ser MVS de manera forzada, el medio que siga dando espacio al trabajo de la periodista? ¿Por qué el equipo de periodistas no desafía abiertamente al régimen supuestamente censor y le exige un espacio en la radio o la televisión pública a manera de desagravio laboral?

Al cierre de esta edición ninguna de las partes en conflicto ha aclarado si los reporteros investigadores Daniel Lizárraga e Irving Huerta, decidieron por iniciativa propia o por órdenes de Carmen Aristegui, que se diera a conocer una supuesta alianza participativa de MVS y Aristegui Noticias, espacio periodístico online propiedad de la periodista, en MexicoLeaks, y en todo caso, por qué lo hicieron así.

De lo que hay constancia es que MVS anunció el despido de los colaboradores de Aristegui y ésta se inconformó públicamente desde su programa radiofónico, pues dijo que no se le notificó previamente la decisión de la empresa y que esto afectaría la labor de generación de contenidos periodísticos para el programa.

Claro que, hasta donde se sabe, ella tampoco notificó previamente a la empresa de que anunciaría una alianza conjunta en MexicoLeaks. Luego fue la propia Aristegui quien corrió la especie de que el despido de sus colaboradores está relacionado con sus investigaciones periodísticas ya por todos conocidas sobre el presunto tráfico de influencias en las licitaciones del gobierno federal y otras irregularidades constitutivas de delito, las cuales fueron dadas a conocer hace más de cuatro meses.

En medio de un intercambio de mensajes públicos que azuzaron a los simpatizantes online y offline de las partes involucradas en el asunto, Aristegui terminó siendo despedida y el “pleito artificial” que ella en un principio aseguró querer evitar, se transformó — en sus propias palabras —  en “estridencia mediática y ruptura” con todo y movilización tanto de simpatizantes como de adversarios de la periodista lo mismo en las redes sociales que a la puerta de la sede de la radiodifusora que dio espacio a Carmen por alrededor de seis años.

Más aún, alguien en Twitter creó el hashtag #JesuisCarmen, que equipara el problema laboral de Aristegui con el reciente ataque terrorista en París al equipo editorial de Charlie Hebdo… ¿Tanto así?

Tal vez sí, tal vez no. Pero… ¿Por qué una periodista profesional, de muchísima experiencia, como Aristegui utilizó sin autorización el nombre de MVS en un proyecto periodístico que ya de antemano es un desafío a los corruptos grupos de poder y al statu quo?

Más aún, si Carmen Aristegui había abierto un espacio que era un oasis periodístico para su auditorio, ¿por qué tomó decisiones que, según la empresa para la que trabajaba como empleada no le correspondían? Por supuesto, ella no es novata, ingenua ni tonta; pero — su trabajo lo evidencia — es provocadora (quizá como debe serlo cualquiera que se dedique al periodismo).

Ahora, MVS asegura en uno de sus comunicados sobre el caso que Aristegui estaba usando recursos de la empresa para hacer investigaciones periodísticas que utilizaba en otros medios de comunicación, y el apresurado establecimiento de nuevos lineamientos editoriales por parte de la radiodifusora para sus colaboradores dejan entrever que hubo algún conflicto de intereses personales en el trabajo periodístico de Carmen, por un posible activismo político de ella. Tal vez sí, tal vez no.

Peor: En lo que podría ser el último comunicado de un primer round en una resbaladiza lucha preelectoral en el lodo, MVS le dio a Aristegui un machetazo a caballo de espadas mencionando que en semanas recientes la empresa “autorizó la compra del automóvil de lujo que le proporciona [a Carmen], con el doble de valor del establecido en el contrato”, dando a entender que la compañía estaba a gusto con el trabajo de la periodista y por tanto, el cese fulminante de su equipo de trabajo no fue un acto de censura proveniente de las altas esferas del poder.

Además, como lo marcan las reglas no escritas de lo políticamente correcto, la administración de Enrique Peña Nieto, a través de la Secretaría de Gobernación, puso sus barbas a remojar y emitió un comunicado en el que circunscribe el incidente Aristegui-MVS como un asunto entre particulares. Tal vez sí, tal vez no.

POR LEY, LA LIBERTAD ES DEL QUE LA PAGA

Lo inusitado del caso fue el modo como Aristegui y su equipo se apoyaron en fans y detractores de las redes sociales para dirimir públicamente un conflicto laboral y entregaron su defensa de la libertad de expresión, a un grupúsculo presuntamente politizado, que frecuenta la web para asumir un falaz activismo verbal que transpira inquina colectiva y autocompasión social, engendros naturales del Estado fallido.

En México está de mas victimizarse en nombre de la libertad de expresión por un despido laboral, aunque sea de filosas aristas. México ocupa el sexto lugar a nivel mundial por el asesinato de periodistas, de acuerdo con las más recientes estadísticas de Reporteros Sin Fronteras, y hay sobrevivientes, paradójicamente en su mayoría freelance, que pueden contarnos qué ocurre realmente cuando un periodista toca los intereses más turbios y sensibles de los poderosos: Lydia Cacho, Anabel Hernández, Verónica Basurto, Miguel Badillo, Ana Lilia Pérez, entre los no pocos que se han atrevido a levantar la voz.

Por supuesto, no habría que esperar a una persecución encarnizada del equipo de Aristegui para pensar que la censura es la causa primera de su despido de MVS. Sin embargo, conociendo de primera mano la dinámica del poder censor en México, me atrevo a afirmar que si las investigaciones de sus periodistas hubiesen sido la causa de su despido de MVS, ella ya no hubiese salido al aire al día siguiente de la primera investigación incómoda que realizaron.

Y aunque hay quienes argumentan con justa razón que MVS es una concesión de un bien público y constitucionalmente debe garantizar las libertades de expresión e información — y por tanto devolverle el trabajo a Aristegui y su equipo –, también es cierto que la ley da a la radiodifusora todas las atribuciones de una empresa privada. MVS refiere un “abuso de confianza” por parte de sus empleados que ellos no han objetado (Lorenzo Meyer la considera “una infracción administrativa menor” del equipo periodístico de Aristegui).

Contra lo que dicen Meyer y muchos de los simpatizantes de Carmen Aristegui que le han dado a la comunicadora la ventaja del RTuitazo frente a MVS (aunque no la ventaja de las evidencias, todavía), no es un asunto menor tener que demostrar que el despido del equipo de la comunicadora sea un acto de censura gubernamental, pues nadie puede, en nombre de la libertad de expresión e información, encubrir errores “administrativos” ni de protocolos de investigación, o lo que sería más grave, arropar una agenda política personal con una falsa bandera de defensa de las libertades democráticas esenciales.

A estas alturas de la historia de México sería muy ingenuo no haber entendido que son los dueños de los medios de comunicación y de ningún modo los periodistas quienes marcan la pauta y los límites del periodismo que se hace en el país. Nos guste o no, la abrumadora mayoría de quienes se dedican al periodismo en sus diversos géneros y formatos es asalariada; se alquila para hacer lo que los patrones necesitan, no para ejercer su libertad de expresión personal, salvo que el contrato de trabajo lo especifique.

En el Derecho Positivo Mexicano, al igual que en el periodismo de investigación, se deben probar los dichos y hay que mostrar evidencias de lo que se afirma. Eso lo saben Aristegui, su equipo de trabajo, la gente de MVS y, desde luego, el gobierno federal. Por eso, la periodista debe contarnos la historia completa de lo que realmente sucedió, a partir del tipo de relación laboral o empresarial que mantenía con la empresa radiodifusora, qué clase de investigación periodística tenían en curso al momento de su despido, e incluso si sus fuentes informativas han recibido alguna presión gubernamental o de otro tipo.

Si las partes dirimieran el asunto en un juicio laboral de reinstalación, al cual Aristegui y sus colaboradores tienen derecho, estos periodistas estarían marcando un hito en la vida del país. Las batallas por la democracia no se ganan con insultos ni falacias invocadas en las redes sociales ni con marchas multitudinarias, sino con argumentos en el ámbito de la legalidad. Los periodistas expulsados de MVS deben abrir un espacio de discusión jurídica sobre la libertad de expresión del obrero periodístico, porque en los hechos, la ley tal como está, garantiza la libertad del propietario de medios; pero no de sus empleados.

Tampoco está claro dentro de la legislación cuáles son los recursos jurídicos de la ciudadanía, a nivel individual o colectivo, para hacer valer su derecho a la información, en casos de censura gubernamental o de grupos económicos de poder a comunicadores.

En el papel está la Ley en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales , modificada a mediados de 2014, que establece que todo ciudadano tiene derecho a conocer los datos sobre el desempeño de los actores públicos dentro Estado mexicano. Empero, en ninguno de sus artículos hay una sola mención de los mecanismos de protección de la investigación periodística profesional, al acceder a la información de interés público.

El artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice sobre la radio:

I. LA RADIODIFUSION ES UN SERVICIO PUBLICO DE INTERES GENERAL, POR LO QUE EL ESTADO GARANTIZARA QUE SEA PRESTADO EN CONDICIONES DE COMPETENCIA Y CALIDAD Y BRINDE LOS BENEFICIOS DE LA CULTURA A TODA LA POBLACION, PRESERVANDO LA PLURALIDAD Y LA VERACIDAD DE LA INFORMACION, ASI COMO EL FOMENTO DE LOS VALORES DE LA IDENTIDAD NACIONAL, CONTRIBUYENDO A LOS FINES ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 3o. DE ESTA CONSTITUCION.

Así pues, ni ésta ni las leyes secundarias sobre radiodifusión — o sobre los medios audiovisuales en general — plantean cómo el Estado y los concesionarios garantizarán el derecho a la libertad de expresión de los periodistas, sus empleados, ni el derecho a la información de la ciudadanía.

Mientras no haya modificaciones sustanciales a la legislación y sus mecanismos de aplicación, la libertad de expresión de los periodistas en México seguirá supeditada a la voluntad de los dueños de los medios de comunicación, y eso lo sabe cualquier trabajador de la información asalariado: El que paga, manda. Hacerle creer a la ciudadanía otra cosa es tan sólo un round boxístico de sombra con el poder político y económico del país (o global).

Las naciones democráticas desarrolladas tienen canales de televisión y estaciones de radio propiedad del Estado, que están obligados a ceder la totalidad de su espacio espacio a productores independientes de programas de interés público con la única restricción a la promoción del odio, el racismo, la violencia, la discriminación sexual, el libelo y temas afines que destruyen la cohesión social y la convivencia armónica.

Si las huestes que quieren cambiar al mundo en un RTuitazo cabildearan con sus representantes en Congreso de la Unión una revisión de la legislación sobre medios, libertad de expresión y derecho a la información, así como la apertura a productores de contenidos y periodistas independientes de los canales del Estado, que se sostienen con los impuestos de la clase trabajadora, se podría comenzar a hablar de un cambio cualitativo hacia la democratización de los medios en México; pero quedarse en las redes sociales para convertirlas en un muro de lamentaciones políticas prejuiciadas, sin propuestas creativas ni concretas, no aporta nada nuevo a lo ya visto a lo largo de todo el ciclo histórico de la post-Revolución.

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Guerra Sucia Política en el Buscador

La empresa estadounidense Google asegura que la búsqueda “Michelle Obama” que conduce a una lista de imágenes y enlaces racistas, encabezados por una ofensiva fotocomposición del rostro de la primera dama de Estados Unidos transmutada en un grotesco simio, es un mero resultado algorítmico sobre la relevancia de las páginas en la web y, por lo tanto, la empresa no tiene la menor intención de remover el resultado de las búsquedas, simplemente porque el contenido es “impopular” o se reciban quejas sobre los mismos porque, en pocas palabras, sólo ejercerían “censura” por un requerimiento legal.

¿Deberíamos creer que un libelo visual sea la búsqueda algorítmicamente más popular en la web relacionado con la esposa del primer presidente afroamericano de Estados Unidos? Mmmmhh. Supongo que es improbable que la familia Obama o la Casa Blanca — quizá cualquiera que se vea en una situación similar — decidan convertir lo que se antoja como un “algorítmico” golpeteo político en una demanda de tipo judicial porque esto significaría darle cabida en la política virtual del ciberespacio a quienes no tienen argumentos para defender sus puntos de vista.

Sin embargo, expertos en e-marketing consultados sobre el tema expresaron sus dudas de que hayan sido simples cálculos algorítmicos los que hayan posicionado en primer lugar de búsquedas a un oscuro diario online en Blogspot (sitio administrado por Google) de supuestas “hot girls” conteniendo una serie de fotos de la señora Obama, y no, de manera natural, al sitio web oficial de la esposa del presidente de los Estados Unidos.

A últimas fechas se cuestiona entre los usuarios de la web la calidad de los resultados de búsquedas generales, invariablemente contaminados por la estrategia mercadotécnica de las palabras clave y hay quienes temen que a causa de esta mercantilización de las búsquedas, la época de oro de la Internet gratuita esté llegando a sus últimos días.

Y más aún, que en el mejor de los casos los buscadores como Google o Yahoo! pretendan en el largo plazo crear servicios pagados de búsquedas más apegadas a los requerimientos de los usuarios. Y digo “mejor de los casos”, porque en el peor podríamos estar ante una guerra sucia de parte de ciertos grupos de Poder que buscan que los usuarios de Internet avalemos legislaciones que, tomando como pretexto los delitos de difamación, de violación a derechos de propiedad intelectual e industrial y la pornografía infantil, comiencen a censurar y controlar lo que se publica en la web.

Se supone que la Web 3.0 basada en análisis de contenidos completos y no sólo de palabras clave, deberá generar resultados de búsqueda de mayor calidad. Pero mientras este proceso de búsqueda se generaliza en la web, tendremos que soportar balandronadas como la fotocomposición que ridiculiza a una mujer respetable y por cierto muy hermosa como Michelle Obama, y la retahila de sucios comentarios en foros de tufo kukuxklanero que no tienen más sustancia que la difamación, los cuales alejan a la Opinión Pública de la web del diálogo social maduro y bien argumentado que urge en la aldea global.

Artículo publicado originalmente en “Anecdotario Periodístico” de Reporteros Sin Fronteras

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Publicidad Oficial y Censura en Medios: Caso Forum

La entrega de recursos financieros del Estado a los medios de comunicación vía publicidad e inserciones pagadas es un asunto polémico y un arma de dos filos. Si se plantea que los medios de comunicación son el cuarto poder del Estado y que los otros poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) requieren divulgar información a través de los medios, entonces el gasto en difusión resulta obligado para los gobiernos; pero si el uso o restricción del dinero de los contribuyentes fiscales se convierte en instrumento de manipulación informativa o abierta censura sobre quienes tienen la función de informar y analizar la realidad, se trastocan valores elementales de la democracia.

De siempre, en México, la relación entre gobiernos y medios de comunicación invariablemente ha estado sujeta a los vaivenes del uso y abuso de los gastos de publicidad. Funcionarios en turno y grupos políticos premian o castigan a los dueños de los medios de comunicación, según el nivel de apoyo o crítica que muestren en la información difundida a la Opinión Pública.

Por lo menos desde los años 70s del siglo XX, se ha dado una larga lista de medios de comunicación mexicanos sobre los que se ha ejercido censura a través de la publicidad oficial y la alternancia partidista que se acentuó a partir del año 2000 no ha evidenciado cambios sustanciales en el manejo de publicidad gubernamental.

Más aún, varios periodistas denuncian que los gobiernos vinculados con la clase empresarial extienden su poder más allá del ámbito político y aplican boicots publicitarios a los medios que critican su desempeño. Esto golpea de manera especial a los medios impresos.

Es bien sabido que estos atraviesan por una gran crisis causada por su dificultad para competir con los medios online, por la disminución de su público lector empobrecido por la recesión financiera global acentuada en el último año y por los recortes de las empresas en publicidad.

En ese entorno, muchos diarios y revistas en México han quedado a merced de la buena o mala voluntad de los gobiernos para asignar publicidad oficial. Uno de los casos más recientes de censura basada en boicots publicitarios es la revista Forum, que publica el periodista Eduardo Ibarra Aguirre en la Ciudad de México desde hace 18 años y que a principios de Septiembre sólo apareció en su versión online ante la falta de recursos financieros para sacar a la luz su tradicional edición impresa.

Desde luego, el editor y los colaboradores de Forum reclaman la discrecionalidad con la que el gobierno federal asigna recursos publicitarios a los medios de comunicación; pero también salta a la vista un dilema que debe ser discutido ampliamente, tanto por los periodistas como por la ciudadanía que exige medios de comunicación indepedientes y objetivos. En algunos países hay diarios, revistas, webzines, programas radiofónicos y de televisión patrocinados por el público bajo esquemas sin fines de lucro; pero en México, donde la cultura de la información está enraizada en un minúsculo segmento de la clase media ilustrada, actualmente en franco deterioro económico, el reto de mantener publicaciones que cumplan con una función informativa de tipo social es avasallante.

Todos debemos tener presente que la crítica periodística es uno de los pilares de la democracia y es una válvula de escape y desactivación de conflictos sociales. Así que cerrar los espacios de libre expresión genera mayor animadversión contra los gobiernos censores y pone en riesgo la estabilidad democrática.

La desaparición de medios impresos y su refugio en la web no resuelve problemas de fondo porque todavía hay segmentos poblacionales que no están en la red y que, sin embargo, han sido consumidores tradicionales de diarios y revistas.

Aparte, resulta un severo golpe a todos los sectores productivos relacionados con la industria editorial y de las artes gráficas, que no se puede desaparecer por decreto en un entorno económico recesivo.

Ante este panorama, periodistas y ciudadanos estamos obligados a encontrar nuevas estrategias de financiamiento de los medios de comunicación para evitar su desaparición por falta de dinero o la autocensura por temor a perder las fuentes de ingreso. Los Estados, por otro lado, deben reglamentar de manera clara y transparente la asignación de recursos para publicidad oficial.

Artículo publicado originalmente en “Anecdotario Periodístico” de Reporteros Sin Fronteras

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Mal Karma

De acuerdo con las teorías sobre el universo psicológico del casi-proscrito-de-la-ciencia doctor Carl Gustav Jung 😎, las coincidencias no existen y con ello comulgan algunos politólogos y sociólogos al hablar de la convulsionada política de la Globalización… Así que cuando descubrí, gracias a un libro de meditación china conocida como Falun Gong, que en el nombre del mexicano por obra y gracia de la administración Fox, Zhenli Ye Gon, está inscrita su fama, me han surgido más dudas sobre el caso más sonado de la pujante industria de la transformación de la pseudoefedrina made in Mexico en polvos malignos.

Resulta que Ye Gon significa algo así como mal karma, mala vibra o energía de la más baja ralea. Y por ello sigo preguntándome -quizá interrogando al gobierno mexicano- si es posible nacer y andar por la vida con un nombre así o, como dijeran los cubanos, el caso del empresario chino que planeaba erigir su narcoemporio es simple y pura jiribilla.

El periodista mexicano Raymundo Riva Palacio ha dejado entrever en el seguimiento puntual que ha hecho del caso del señor Mala Onda que éste podría ser apenas el ojo de una aguja por la que se enhebra una trama de auténtica complejidad multidimensional que no deja mucho espacio ya a los escritores de novela negra. Porque: ¿quién puede asegurar que el chino nacionalizado mexicano no es en realidad un agente internacional de Inteligencia o como suele suceder con frecuencia, un doble agente que caramboleó a Vicente Fox y al recién estrenado gobierno de Felipe Calderón con la deliberada intención de medir fuerzas, resistencias y permeabilidad a la corrupción?

La trama de esta que bien podría leerse en el futuro como una novela costumbrista del siglo XXI se enreda más cuando se conoce públicamente que Zhenli Ye Gon vivió tranquilo durante un rato en los Estados Unidos y podría haberlo seguido haciendo si no hubiese contratado a un abogado de gran experiencia mediática que en una rara coincidencia y casualidad del destino, resultó ser el representante legal de la organización de orientación budista que difunde la práctica de Falun Gong, a la cual algunas fuentes identifican como un grupo disidente del sistema político chino, presuntamente financiado por el Estado norteamericano… Chi lo sa?, diría Vito Corleone.

Empero, el asunto no queda allí. Al tiempo que estoy escribiendo estas líneas, que más que un artículo de opinión pretenden ser apuntes para el guión de un reality show de humor más negro que la conciencia de todos los protagonistas, se conoce que el caso del señor Mal Karma ya ha cobrado dos vidas: las de unos agentes altamente calificados de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) que fueron entrenados por la CIA y el FBI para combatir el crimen organizado y participaron activamente en el caso que condujo al hallazgo de la red mafiosa en la que Ye Gon, muy probablemente, apenas tiene un papel secundario.

Si no fuera porque el trasfondo del caso Mal Karma tiene el inquietante tufo de la podredumbre de un sistema político que agoniza a causa de la corrupción, al final hay una serie de elementos que lo convierten en una encantadora comedia de enredos en los que las coincidencias nunca son casuales, pero sí causales… ¿Y qué tal que…?

  • Que Ye Gon sea un agente encubierto del gobierno estadounidense
  • Que un poderoso capo del narco le haya regalado los 205 millones de dólares hallados en la casa de Ye Gon a alguien que no sabía cómo deshacerse de ellos y los dejó en lo que parecía una casa abandonada
  • Que Ye Gon sea un hombre “honolable”, víctima de un “compló” en el que le sembraron la lana para deshacerse de él y del dinero sucio
  • Que…

Ufff… En este punto, me permito sugerir, evocando Un Mundo Raro (México, 2001, dirigida por Armando Casas), que las autoridades judiciales convoquen a la ciudadanía para que presenten una conclusión interesante de lo que el propio presidente Felipe Calderón se aventó a llamar “cuento chino”.

Esto, con el propósito de desaburrirnos un rato de tanto escándalo que siempre nos deja como cuando me dispongo a ver películas en el Canal Once (por algún maldito complot que espero no sea por la escasez de presupuesto en Luz y Fuerza del Centro, invariablemente hay un apagón que me impide ver el final de la historia).

Propongo que gane el cuento mexicano más original, gracioso, pero sobre todo verosímil. Requisito indispensable: que no parezca versión pirata de ninguna película hollywoodense.

El material está ahí: los miles de fajos de dólares en efectivo escondidos en una lujosa casa; la apertura de una cuenta del gobierno mexicano con ese dinero, en un banco estadounidense, para que la lana no esté ociosa; la esposa abandonada al momento de la fuga del mexicano nacido en la tierra de Confucio; la dulce amante que trabajaba en un casino de Las Vegas, los dueños del casino que obsequiaron autos de lujo al cliente que perdía sistemáticamente; los acuciosos reporteros de una agencia informativa internacional que se guardaron la entrevista exclusiva con un prófugo de la justicia durante un mes, un aparato de Inteligencia de Estado que basa sus investigaciones en recortes de periódicos boletineros; pero sobre todo, un oscuro funcionario de gobierno que según decires del señor Mal Karma se atrevió a sentenciarlo: “o coopelas o cuello”.

El cuento, con todas las posibilidades de convertirse en una buena telenovela o una película de culto puede titularse Naricitas Blancas o Gripa Constipadita, por aquello de que todo gira en torno a cargamentos de pseudoefedrina que se convierten en cocaína… pero caramba: ¿Quién le manda a Ye Gon apellidarse Mal Karma, si -como decía el mal logrado y tenebroso conductor Paco Stanley- por una módica cuota en el registro civil te cambian de nombre? <<>>

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