Publicidad Oficial y Censura en Medios: Caso Forum

La entrega de recursos financieros del Estado a los medios de comunicación vía publicidad e inserciones pagadas es un asunto polémico y un arma de dos filos. Si se plantea que los medios de comunicación son el cuarto poder del Estado y que los otros poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) requieren divulgar información a través de los medios, entonces el gasto en difusión resulta obligado para los gobiernos; pero si el uso o restricción del dinero de los contribuyentes fiscales se convierte en instrumento de manipulación informativa o abierta censura sobre quienes tienen la función de informar y analizar la realidad, se trastocan valores elementales de la democracia.

De siempre, en México, la relación entre gobiernos y medios de comunicación invariablemente ha estado sujeta a los vaivenes del uso y abuso de los gastos de publicidad. Funcionarios en turno y grupos políticos premian o castigan a los dueños de los medios de comunicación, según el nivel de apoyo o crítica que muestren en la información difundida a la Opinión Pública.

Por lo menos desde los años 70s del siglo XX, se ha dado una larga lista de medios de comunicación mexicanos sobre los que se ha ejercido censura a través de la publicidad oficial y la alternancia partidista que se acentuó a partir del año 2000 no ha evidenciado cambios sustanciales en el manejo de publicidad gubernamental.

Más aún, varios periodistas denuncian que los gobiernos vinculados con la clase empresarial extienden su poder más allá del ámbito político y aplican boicots publicitarios a los medios que critican su desempeño. Esto golpea de manera especial a los medios impresos.

Es bien sabido que estos atraviesan por una gran crisis causada por su dificultad para competir con los medios online, por la disminución de su público lector empobrecido por la recesión financiera global acentuada en el último año y por los recortes de las empresas en publicidad.

En ese entorno, muchos diarios y revistas en México han quedado a merced de la buena o mala voluntad de los gobiernos para asignar publicidad oficial. Uno de los casos más recientes de censura basada en boicots publicitarios es la revista Forum, que publica el periodista Eduardo Ibarra Aguirre en la Ciudad de México desde hace 18 años y que a principios de Septiembre sólo apareció en su versión online ante la falta de recursos financieros para sacar a la luz su tradicional edición impresa.

Desde luego, el editor y los colaboradores de Forum reclaman la discrecionalidad con la que el gobierno federal asigna recursos publicitarios a los medios de comunicación; pero también salta a la vista un dilema que debe ser discutido ampliamente, tanto por los periodistas como por la ciudadanía que exige medios de comunicación indepedientes y objetivos. En algunos países hay diarios, revistas, webzines, programas radiofónicos y de televisión patrocinados por el público bajo esquemas sin fines de lucro; pero en México, donde la cultura de la información está enraizada en un minúsculo segmento de la clase media ilustrada, actualmente en franco deterioro económico, el reto de mantener publicaciones que cumplan con una función informativa de tipo social es avasallante.

Todos debemos tener presente que la crítica periodística es uno de los pilares de la democracia y es una válvula de escape y desactivación de conflictos sociales. Así que cerrar los espacios de libre expresión genera mayor animadversión contra los gobiernos censores y pone en riesgo la estabilidad democrática.

La desaparición de medios impresos y su refugio en la web no resuelve problemas de fondo porque todavía hay segmentos poblacionales que no están en la red y que, sin embargo, han sido consumidores tradicionales de diarios y revistas.

Aparte, resulta un severo golpe a todos los sectores productivos relacionados con la industria editorial y de las artes gráficas, que no se puede desaparecer por decreto en un entorno económico recesivo.

Ante este panorama, periodistas y ciudadanos estamos obligados a encontrar nuevas estrategias de financiamiento de los medios de comunicación para evitar su desaparición por falta de dinero o la autocensura por temor a perder las fuentes de ingreso. Los Estados, por otro lado, deben reglamentar de manera clara y transparente la asignación de recursos para publicidad oficial.

Artículo publicado originalmente en “Anecdotario Periodístico” de Reporteros Sin Fronteras

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Censura Web a la Mexicana

Si un político mexicano ocupa dos veces seguidas un espacio en mis reflexiones críticas sobre el clima de libertad de expresión en la aldea global, definitivamente puede estar en vías convertirse en “suspirante incómodo” de la carrera del cambio presidencial que cada sexenio se adelanta más y más como una consecuencia directamente proporcional a la debilidad política-administrativa de los protagonistas del momento.

Por lo pronto el caso que salta a la vista es el del gobernador príista de Veracruz, Fidel Herrera, quien en plena campaña para la realización de las elecciones intermedias en México, con el apoyo del Instituto Federal Electoral (IFE) y una empresa discográfica, EMI Music, volvió a dar la “nota de color” en materia de libertad de expresión para este blog al imponer la censura en YouTube de una video-parodia de la canción que interpreta Gael García en el filme Rudo y Cursi, que expone al gobernador veracruzano como un funcionario corrupto.

Suponiendo sin conceder, que el video presuntamente anónimo que ya circuló vastamente en la red — y no sólo en YouTube — es un libelo animado para desprestigiar al gobernador de reconocidas aspiraciones presidencialistas, lo coherente hubiese sido que el propio gobernador, o en su defecto, la institución gubernamental veracruzana, presentaran una demanda por difamación contra quien resultara responsable.

El gobierno de Herrera acusa al partido oficial, Acción Nacional, de ser autor intelectual y material de la video-parodia; pero hasta ahora no hay evidencias fehacientes de quién lo hizo. La video-parodia fue bloqueada en YouTube hace varios días. YouTube informó a los visitantes de su sitio web que EMI Music, propietaria de los derechos de la música de Rudo y Cursi había emitido una queja por el uso de la canción sin permiso de los autores.

El IFE, en México, dijo que había solicitado la remoción del video por contravenir la legislación electoral. Sin embargo, como es usual en la red, el video ahora está disponible en cientos de sitios web, alentando una polémica entre los cibernautas, en la que los grandes perdedores políticos han sido Herrera y el IFE, pues sin una orden judicial de por medio que justifique con evidencias la censura de la video-parodia, el gobernador y la institución electoral mexicana han sido equiparados con gobiernos como el chino o los de Cuba, Egipto, Irán, Corea del Norte, Arabia Saudita y otra veintena que espían, censuran y controlan lo que se divulga en la Internet.

Resulta paradójico que en un país que se ufana de haber consolidado una democracia con alternancia partidista, amplio debate público y apertura informativa, las instituciones electorales se pongan al servicio de intereses políticos particulares que, en todo caso, deben dirimirse en una corte como parte de un ejercicio democrático saludable.

Si el gobernador Herrera ha sido difamado, entonces quienes pudieran haber cometido este presunto delito deberían ser sancionados. Pero si quien hizo la video-parodia está narrando hechos que podrían ser reales, entonces también ahí las autoridades mexicanas deben someter a revisión la gestión de Herrera al frente del gobierno de Veracruz y sancionarlo legalmente si fuera necesario o limpiar jurídicamente su reputación política.

A final de cuentas, los cibernautas no son televidentes pasivos, sino que conforman en su mayoría grupos ciudadanos críticos y participativos que han encontrado en la red un modo de hacer democracia a su manera, quizá la más libre posible en más de dos siglos.

Es lo que se prevé será la democracia del siglo XXI y si los políticos mexicanos persisten en trasladar el statu quo censor de la expresión pública (“lo que no se ve no existe”) de la televisión a la Internet, el golpe a la democracia será directo y frontal, con consecuencias impredecibles.

El gobernador Herrera, político hecho a la antigua usanza priísta, tiene por su parte que aprender a aceptar que la democracia se construye con lo que opina ahora, no sólo el “hombre de la calle”, sino los navegantes de la red que analizan, comentan y juzgan los temas que interesan a la sociedad.

Es su responsabilidad como funcionario público demostrar con pruebas que se le está dañando con fines políticos, porque la censura — según se lee en los comentarios de los cibernautas en muchos foros de opinión — deja en la Opinión Pública la idea de que intenta esconder algo.

Artículo publicado originalmente en “Anecdotario Periodístico” de Reporteros Sin Fronteras

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