Impuesto contra la Democracia en México

¿Puede una tasa impositiva de la hacienda pública incidir en la libertad de expresión de una sociedad? La respuesta contundente es SÍ y el ejemplo/evidencia/argumento al respecto es la reciente aprobación por parte de la Cámara de Diputados de México, de un impuesto especial de 3 por ciento al uso de los servicios de telecomunicaciones, que se adicionaría como sobretasa a un Impuesto al Valor Agregado (IVA) que en 2010 se pretende que pase del 15 al 16 por ciento sobre el precio neto del servicio.

Esta propuesta tributaria que con algunas variaciones salió de la oficina del Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Agustín Carstens, antiguo subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, provocará de aprobarse en el Senado de la República, el aumento del precio de los servicios de telecomunicaciones en por lo menos 20 por ciento.

La medida hacendaria afectará a todos los usuarios nacionales de telefonía y conexiones de internet, quienes ya de por sí enfrentan un entorno adverso para la utilización de los servicios, a causa de su alto costo y baja calidad, en comparación con los que se brindan en las otras economías de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la que pertenece México desde 1994.

Entre los usuarios de telecomunicaciones en México, de los más afectados con los nuevos impuestos serán los medios de comunicación, particularmente los denominados “online”, que por lo general son micro, pequeñas y medianas empresas u organizaciones no lucrativas que basan su operación en las tecnologías de la información. Y es que los medios online, por un lado, enfrentarán el aumento de sus costos operativos, y, por otro, podrían ver disminuido el número de sus lectores y anunciantes locales, quienes previsiblemente reducirán su acceso a la web por su alto costo y/o la priorización de gastos ante la avalancha impositiva.

Los nuevos impuestos a los servicios de Internet son un nuevo golpe contra la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad mexicana por cuanto que una gran cantidad de medios de comunicación en México, en su mayoría impresos, paulatinamente han dado el salto a la Internet debido al alto costo de los insumos de publicación en papel y a la caída de sus ventas y suscripciones por la crisis financiera y la evolución del mercado hacia la red.

Ya no hablemos de que ejercer el periodismo en México se ha convertido en una actividad de alto riesgo cuando el Estado no garantiza a quienes trabajan en los medios la seguridad física y jurídica para que investiguen y reporten a la sociedad, con imparcialidad, los acontecimientos diarios.

A lo largo de la década que está por finalizar, muchos periódicos y revistas han ido reduciendo sus tirajes o simplemente han desaparecido de los kioscos de los voceadores para, en el mejor de los casos, refugiarse en la Internet. Pero esto no significa que los medios de comunicación, al evolucionar tecnológicamente aumenten su público, pues muchos lectores de la prensa no tienen acceso a la Internet o no están interesados en su uso y viceversa.

Más aún, si en México el acceso a los medios impresos es elitista, todavía lo es mucho más el acceso a la Internet. La circulación de diarios y revistas apenas sobrepasa el medio millón de ejemplares diarios; pero sólo el 22 por ciento de quienes usan Internet en el país, diariamente, buscan noticias y análisis periodísticos de manera recurrente y son muchos menos los que pagan por ello.

Así, más allá de que en reiteradas ocasiones la OCDE ha señalado la urgencia de que México fortalezca al sector de las telecomunicaciones, por ser uno de los ejes del desarrollo económico global para el siglo XXI, los gravámenes al sector son también una mala señal para el desarrollo social y político de la nación.

Ha quedado claro para las economías más industrializadas del mundo que sin un sector de telecomunicaciones dinámico y accesible a toda la población, no habrá en la próxima década productividad, competitividad, comercio, empleo y educación; pero países como Estados Unidos en las pasadas elecciones presidenciales, ya dejaron de manifiesto que el acceso a la red de redes fortalece la libertad de expresión y el derecho a la información como aspectos fundamentales de la democracia.

En su informe 2008 sobre las perspectivas para América Latina, la OCDE recomendaba al gobierno mexicano “la ampliación del acceso de los usuarios a los servicios de telecomunicaciones” como una estrategia para cerrar la brecha entre ricos y pobres, a nivel interno y dentro del contexto global.

Y de modo enfático la organización estableció: “Para extender los servicios de telecomunicaciones a toda la población es necesario poner en marcha políticas eficaces de fomento del acceso, con reglas claras y estables (así como) contar con mercados bien regulados, abiertos y competitivos que promuevan la innovación e impulsen a las corporaciones multinacionales a maximizar su aportación colectiva al desarrollo a largo plazo”.

A lo largo del presente año, sin embargo, el gobierno mexicano no ha ofrecido opciones reales para que el desarrollo del sector de las telecomunicaciones cumpliera con su función social: De acuerdo con diversos análisis internacionales, en México el costo de las conexiones de internet sigue siendo el más caro del mundo, con facturas por encima de los 100 dólares mensuales por velocidades efectivas de menos de 1 Mbps, lo que representa entre 12 y 22 veces el valor de la facturación de internet en países como Japón, Alemania o Finlandia, por citar aquellos donde el acceso a la red tiene un costo mínimo.

Si al alto costo del acceso a la red y la baja calidad del servicio se le añaden sobretasas impositivas, no sólo se obstaculiza el desarrollo de una economía moderna en momentos en los que las consecuencias de la crisis financiera que estalló en Septiembre de 2008 exige un impulso a la actividad socioeconómica, sino que también se excluye a los grupos menos favorecidos de ese diálogo que propicia la sociedad de la información en la Internet, lo mismo a través de los medios online, tanto institucionales como alternativos, que de los blogs ciudadanos que dan voz pública a quien puede sentarse frente a una computadora para expresar, proponer y ser escuchado.

A nivel mundial hay una fuerte crítica a los regímenes totalitarios, como el chino o el iraní, que restringen el acceso a la Internet por motivos políticos; pero no acceder a la red por motivos económicos también es una posición antidemocrática. ¿Por qué los ricos sí pueden participar de la sociedad de la información a donde se están trasladando las más importantes corrientes de opinión, educación y desarrollo, y se condena a los pobres a perpetuar su condición, al mantenerlos en el aislamiento tecnológico, ajenos a los cambios y a la modernidad?

Artículo publicado originalmente en “Anecdotario Periodístico” de Reporteros Sin Fronteras

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Vera-cruz de Navajas

Hacer seguimiento de la información relacionada con las violaciones a la libertad de expresión y el derecho a la información resulta más difícil de lo que uno pueda imaginarse, porque diariamente hay cientos de casos para ser analizados y monitoreados. Unos son trágicos e indignantes como el reciente asesinato del periodista de la televisión guatemalteca Rolando Santis. Otros, son inquietantes por la carga de censura y discriminación que conllevan, sobre todo si los incidentes están relacionados con figuras de autoridad.

Este ha sido el caso del gobernador del estado mexicano de Veracruz, Fidel Herrera, quien afirmó recientemente que la publicación en los medios de comunicación sobre la violencia contra las mujeres es “apología” de ese delito y, por lo tanto, incitaría a quienes ven, oyen o escuchan las noticias a violentar a las mujeres.

El mandatario estatal incluso invocó una ley local que se refiere al papel de los medios de comunicación para evitar la violencia de género. ¿Qué clase de democracia puede ser la que cree que la “omertà” (término del siglo dieciseis para designar un código de silencio dentro de la Cosa Nostra) es la solución a los males de la sociedad? ¿O es que se pretende aplicar el ridículo principio “new age” de que hay que ignorar algo para que no exista?

Pareciera que el Congreso y el gobierno del estado mexicano de Veracruz han olvidado la diferencia entre periodismo y reality show, al pretender medir con la misma vara a quienes hacen una labor de denuncia social y quienes explotan el morbo que genera la nota roja.

La vida democrática tiene uno de sus pilares en el binomio de libertad de expresión y derecho a la información, y por lo tanto no puede haber más restricciones al respecto que los principios éticos de veracidad y objetividad. Si se demuestra que alguien miente, se le debe sancionar; pero solamente los regímenes totalitarios controlan qué información puede circular y cómo se va a difundir.

Vale aquí recordar que los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez se redujeron significativamente cuando los periodistas -por cierto en su gran mayoría mujeres periodistas de varios países- comenzaron a indagar ahí donde las autoridades judiciales no se atrevían a investigar.

¿Es el silencio el modo veracruzano de fomentar la equidad de género y la dignificación de las mujeres? ¿El silencio fortalece los derechos humanos?

Según el gobernador Herrera, “la divulgación de eventos traumáticos” sirve “sólo como ejemplo para que quienes no los practican los puedan practicar”; pero se le olvida que el único aliciente de la criminalidad es la impunidad y en las sociedades donde las leyes se aplican correctamente y los delitos tienen un castigo, no hay espacio para la ilegalidad.

La paradoja del gobierno y el Congreso veracruzano al emitir su fracción octava del artículo 7 de la “Ley 235” que prohibe la difusión de información relacionada con la violencia de género es en sí misma un acto de violencia de género, pues de manera indirecta impide la denuncia pública de actos violentos en contra de las mujeres.

El gobernador de Veracruz -como dicen los psiquiatras- me retrotrajo a mis tiempos de estudiante universitaria, cuando en una clase de Teorías de los Medios de Comunicación, los estudiantes sostuvimos un debate sobre las violaciones del derecho a la información por parte de quienes tienen en sus manos el deber de informar con la verdad, sean autoridades o sean medios de comunicación. Nosotros mismos etiquetamos las violaciones del derecho a la información como la “Ley de la Cruz de Navajas”, en alusión a aquella canción del grupo español Mecano que refiere textualmente:

“Sobre Mario de bruces tres cruces;
una en la frente, la que más dolió.
Otra en el pecho, la que le mató;
y otra miente en el noticiero…”

Artículo publicado originalmente en “Anecdotario Periodístico” de Reporteros Sin Fronteras

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