El Reportero que Soñó con Ser Truman Capote y Mató al Periodismo

Ser periodista profesional implica tener muy claro que no hay excusas para el mal periodismo porque nuestros errores invariablemente conllevan una afectación social. Alejandro Sánchez no supo hacer su trabajo; pero ¿dónde estaban su jefe de información, su editor, sus correctores de estilo, todos los que dejaron pasar un producto periodístico deficiente?

Advertisements

“¡Ahora cualquier güey dice que hace reportaje!”. Las palabras de Alfonso Maya Nava, subdirector editorial de El Universal, uno de los diarios más importantes de México, vociferadas una tarde cualquiera, hace más de dos décadas, frente a un anónimo aspirante a reportero que se perdió en las sombras del tiempo, retumban en mi mente cada vez que estoy frente a una página en blanco, dispuesta a poner en orden el cúmulo informativo que debe trasladarse a un texto periodístico coherente y objetivo, que explique a mis lectores por qué ocurrió un acontecimiento y cómo afecta su vida y su destino.

Yo era una reportera novata; pero entendí de inmediato que, al margen del género periodístico que uno elija para desarrollar cada proyecto, es indispensable partir de una investigación sólida y una redacción impecable, de tal manera que nadie, empezando por el editor, pueda rebatir la veracidad de lo que se publica ni cuestionar su calidad.

Ciertamente, todo reportero aspira a hacer buenos reportajes porque su elaboración es de una gran complejidad y revelan dominio del oficio. Su redacción se basa en la investigación de todos los elementos que integran un acontecimiento noticioso y hay que analizar uno a uno de manera detallada, para ofrecer lo que podría definirse como una rendición de cuentas cotidiana de la sociedad — del propio Estado — a su Opinión Pública: ente virtual y evanescente, hija del sistema democrático, que aglutina a lectores, radioescuchas, teleauditorio, visitantes web o más recientemente seguidores.

Al reportero (o reportera) que publica un buen reportaje se le reconoce tácitamente como periodista, gente de oficio que domina todas las técnicas y géneros que conforman el periodismo interpretativo (long-form journalism).

El primer deber del reportajista es investigar exhaustivamente todos los aspectos de un acontecimiento, detectar anomalías sociales, económicas o políticas y entregar a la sociedad el informe puntual de sus hallazgos, para que ésta, en sus prerrogativas democráticas, corrija los problemas que deban corregirse para el adecuado funcionamiento del Estado.

Desde esta óptica, el periodismo de una nación (cualquiera) — el cuarto poder del Estado democrático — es el espejo donde se mira la sociedad entera. Tal vez para muchos de mis amables lectores, lo que digo es una perogrullada; pero hay indicios de que algunos que están dentro de la actividad periodística en México no lo saben, fingen que no lo saben o simplemente aplican la máxima cínica de “en este país no pasa ni pasará nada” y se valen del noble oficio del periodismo para su usufructo privado, que a estas alturas de la historia puede significar sólo una gratificación procaz como la efímera popularidad que dan las redes sociales.

Todo lo anterior viene a cuento porque el mal periodismo se ha escapado de los medios de comunicación tradicionales y comienza a inundar la Internet en detrimento del derecho a la información objetiva y veraz que reclama la sociedad globalizada. Las causas son multifactoriales y van de la mísera paga a reporteros, lo que crea el círculo vicioso de la improvisación laboral, a la exigencia de los dueños de los medios de dirigir visitantes a sus sitios web, mediante el viejo engaño de los encabezados sensacionalistas que garanticen ventas millonarias de espacios publicitarios.

El más reciente y lamentable caso de mal periodismo lo protagonizaron la ¿otrora? prestigiada revista emeequis, que dirige el periodista Ignacio Rodríguez Reyna, y uno de sus reporteros de nombre Alejandro Sánchez González (@alexsanchezmx), quien – por cierto — no aparece en el directorio de la revista ni como reportero ni como colaborador.

Una mala práctica periodística ¡de portada! de Sánchez González, que causó indignación entre cientos de lectoras de emeequis, se perpetró con un texto intitulado El joven que tocaba el piano (y descuartizó a su novia), el cual aborda el caso de un joven mexicano que hace dos años ganó un certamen científico internacional y tiempo después asesinó y descuartizó a una menor de edad que se burló de su éxito y sus aspiraciones de estudiar en una universidad extranjera.

Debo especificar aquí que llegué al citado material periodístico (debo llamarlo de alguna manera) al caer en el garlito buscando datos nuevos sobre el crimen de impacto ocurrido en 2013. Sospechosamente, al final del texto, el autor aclara su trabajo del siguiente modo:

“Este reportaje es un texto periodístico de no ficción (sic). Todos los hechos descritos están basados en entrevistas y relatos de los protagonistas, expedientes judiciales, la evaluación sicológica (sic), correos electrónicos y mensajes de celular (sic).”

Podría descuartizar el párrafo arriba citado, palabra por palabra: ¿Hay periodismo ficticio, hay otro modo de hacer periodismo que no sean entrevistas, investigación en documentos, visitas a escenarios, etcétera?… No obstante, después de leer El joven que tocaba el piano (y descuartizó a su novia), me limitaré a decir lo mismo que aquel periodista que rechazó el trabajo del anónimo novato, pues este texto que se coló a emeequis, revista ganadora de premios nacionales e internacionales de periodismo, es el perfecto ejemplo de lo que NO se debe publicar en ningún medio de comunicación profesional.

Desafortunadamente para Alejandro Sánchez, su texto no es periodismo, por donde quiera vérsele, pues no respeta la más elemental técnica de redacción periodística; pero tampoco es literatura, ya que la narración y las descripciones son muy pobres y tienen deficiencias gramaticales.

Sólo un muy buen amigo del autor, como el reconocido, respetable y generoso reportero Wilbert Torre, podía defender un texto indefendible, calificándolo como un error humano, para acallar la crítica de casi mil lectoras de emeequis que firmaron una petición de desagravio a la víctima del crimen relatado en un escrito que es simple y llanamente la apología de un feminicida:

“Javier parece en este momento el joven más frágil y solitario del mundo. Claudia Cañizo [la fiscal] y el agente que la acompaña se ven a los ojos y voltean hacia el techo del cuarto de interrogatorios para evitar que se les escapen algunas lágrimas.”

Si el autor de El joven que tocaba el piano (y descuartizó a su novia) no demuestra que no es misógino, por lo menos debe demostrar que no es un advenedizo en el periodismo, ya que cometió un fraude profesional al asegurar que hizo una investigación y escribió un reportaje, cuando el resultado final fue, en el mejor de los casos, un texto folletinesco que ignora la voz de la víctima, sus familiares y amigos, y en el que no hay entrevistas a psiquiatras ni a expertos en criminología.

Ser periodista profesional implica tener muy claro que no hay excusas para el mal periodismo porque nuestros errores invariablemente conllevan una afectación social. Alejandro Sánchez no supo hacer su trabajo; pero ¿dónde estaban su jefe de información, su editor, sus correctores de estilo, todos los que dejaron pasar un producto periodístico deficiente?

Extraña que emeequis, una revista especializada en reportajes, que se creó un prestigio al publicar periodismo de investigación de calidad, no haya revisado – como debe ser – el texto de Alejandro Sánchez, antes de difundirlo. Extraña también que los defensores de Alejandro Sánchez González en redes sociales estén preocupados porque la indignación de las lectoras de emeequis por la publicación de un trabajo mal hecho ponga en riesgo su participación en un concurso de periodismo latinoamericano, cuando el único premio que debe importar a los reporteros es la confianza de la sociedad en su labor de investigación para acercarse a la verdad de los acontecimientos públicos. Extraña por igual que los community managers de emeequis en Twitter hayan bloqueado a sus lectoras que protestaron públicamente por el texto de Sánchez, y no aceptaran las críticas de quienes hacen posible que tengan un empleo digno.

No sirve de nada el trabajo de un medio de comunicación ni de sus reporteros si vulneran la veracidad de los acontecimientos, no propician la reflexión colectiva ni fomentan la libertad de expresión e información.

A exigencia de las lectoras de emeequis,  Alejandro Sánchez debió disculparse públicamente por lo que escribió, y en tono forzado se justificó argumentando que la familia de la víctima de feminicidio que se narra en su texto se negó a hablar con el reportero. ¿Es ético publicar un texto cuando falta información relevante para elaborarlo? Yo digo que no. El trabajo periodístico no tiene caducidad mientras no se complete el rompecabezas de un asunto de interés público. Además, hay técnicas especializadas para obtener en tiempo y forma, información sensible de las fuentes.

La redacción del texto de Sánchez es otro tema: En México, muchos reporteros no están acostumbrados a trabajar en equipo y el resultado de un buen trabajo de reporteo, sin apoyo en la redacción, puede terminar en una nota informativa mal escrita o una retahíla de transcripciones que carecen de análisis contextual y, por tanto, de verdadero interés periodístico.

Si hubiera una moraleja en la historia de El joven que tocaba el piano (y descuartizó a su novia), sería la necesidad imperiosa y urgente de elevar la calidad del trabajo que se desarrolla en los medios de comunicación mexicanos y exigir el apego, por parte de sus reporteros, a la metolodogía elemental de investigación periodística, para que el país no acabe de desmoronarse en las manos de presuntos reporteros que sueñan con premios que quizá no merecen, y selfies junto a cadáveres de menores descuartizadas y fiscales que derraman lágrimas al interrogar a los asesinos. colgadas en la pared de su cubículo. ♥♥♥

www.silviameave.net

Guerra Sucia Política en el Buscador

La empresa estadounidense Google asegura que la búsqueda “Michelle Obama” que conduce a una lista de imágenes y enlaces racistas, encabezados por una ofensiva fotocomposición del rostro de la primera dama de Estados Unidos transmutada en un grotesco simio, es un mero resultado algorítmico sobre la relevancia de las páginas en la web y, por lo tanto, la empresa no tiene la menor intención de remover el resultado de las búsquedas, simplemente porque el contenido es “impopular” o se reciban quejas sobre los mismos porque, en pocas palabras, sólo ejercerían “censura” por un requerimiento legal.

¿Deberíamos creer que un libelo visual sea la búsqueda algorítmicamente más popular en la web relacionado con la esposa del primer presidente afroamericano de Estados Unidos? Mmmmhh. Supongo que es improbable que la familia Obama o la Casa Blanca — quizá cualquiera que se vea en una situación similar — decidan convertir lo que se antoja como un “algorítmico” golpeteo político en una demanda de tipo judicial porque esto significaría darle cabida en la política virtual del ciberespacio a quienes no tienen argumentos para defender sus puntos de vista.

Sin embargo, expertos en e-marketing consultados sobre el tema expresaron sus dudas de que hayan sido simples cálculos algorítmicos los que hayan posicionado en primer lugar de búsquedas a un oscuro diario online en Blogspot (sitio administrado por Google) de supuestas “hot girls” conteniendo una serie de fotos de la señora Obama, y no, de manera natural, al sitio web oficial de la esposa del presidente de los Estados Unidos.

A últimas fechas se cuestiona entre los usuarios de la web la calidad de los resultados de búsquedas generales, invariablemente contaminados por la estrategia mercadotécnica de las palabras clave y hay quienes temen que a causa de esta mercantilización de las búsquedas, la época de oro de la Internet gratuita esté llegando a sus últimos días.

Y más aún, que en el mejor de los casos los buscadores como Google o Yahoo! pretendan en el largo plazo crear servicios pagados de búsquedas más apegadas a los requerimientos de los usuarios. Y digo “mejor de los casos”, porque en el peor podríamos estar ante una guerra sucia de parte de ciertos grupos de Poder que buscan que los usuarios de Internet avalemos legislaciones que, tomando como pretexto los delitos de difamación, de violación a derechos de propiedad intelectual e industrial y la pornografía infantil, comiencen a censurar y controlar lo que se publica en la web.

Se supone que la Web 3.0 basada en análisis de contenidos completos y no sólo de palabras clave, deberá generar resultados de búsqueda de mayor calidad. Pero mientras este proceso de búsqueda se generaliza en la web, tendremos que soportar balandronadas como la fotocomposición que ridiculiza a una mujer respetable y por cierto muy hermosa como Michelle Obama, y la retahila de sucios comentarios en foros de tufo kukuxklanero que no tienen más sustancia que la difamación, los cuales alejan a la Opinión Pública de la web del diálogo social maduro y bien argumentado que urge en la aldea global.

Artículo publicado originalmente en “Anecdotario Periodístico” de Reporteros Sin Fronteras

www.silviameave.net

Impuesto contra la Democracia en México

¿Puede una tasa impositiva de la hacienda pública incidir en la libertad de expresión de una sociedad? La respuesta contundente es SÍ y el ejemplo/evidencia/argumento al respecto es la reciente aprobación por parte de la Cámara de Diputados de México, de un impuesto especial de 3 por ciento al uso de los servicios de telecomunicaciones, que se adicionaría como sobretasa a un Impuesto al Valor Agregado (IVA) que en 2010 se pretende que pase del 15 al 16 por ciento sobre el precio neto del servicio.

Esta propuesta tributaria que con algunas variaciones salió de la oficina del Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Agustín Carstens, antiguo subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, provocará de aprobarse en el Senado de la República, el aumento del precio de los servicios de telecomunicaciones en por lo menos 20 por ciento.

La medida hacendaria afectará a todos los usuarios nacionales de telefonía y conexiones de internet, quienes ya de por sí enfrentan un entorno adverso para la utilización de los servicios, a causa de su alto costo y baja calidad, en comparación con los que se brindan en las otras economías de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la que pertenece México desde 1994.

Entre los usuarios de telecomunicaciones en México, de los más afectados con los nuevos impuestos serán los medios de comunicación, particularmente los denominados “online”, que por lo general son micro, pequeñas y medianas empresas u organizaciones no lucrativas que basan su operación en las tecnologías de la información. Y es que los medios online, por un lado, enfrentarán el aumento de sus costos operativos, y, por otro, podrían ver disminuido el número de sus lectores y anunciantes locales, quienes previsiblemente reducirán su acceso a la web por su alto costo y/o la priorización de gastos ante la avalancha impositiva.

Los nuevos impuestos a los servicios de Internet son un nuevo golpe contra la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad mexicana por cuanto que una gran cantidad de medios de comunicación en México, en su mayoría impresos, paulatinamente han dado el salto a la Internet debido al alto costo de los insumos de publicación en papel y a la caída de sus ventas y suscripciones por la crisis financiera y la evolución del mercado hacia la red.

Ya no hablemos de que ejercer el periodismo en México se ha convertido en una actividad de alto riesgo cuando el Estado no garantiza a quienes trabajan en los medios la seguridad física y jurídica para que investiguen y reporten a la sociedad, con imparcialidad, los acontecimientos diarios.

A lo largo de la década que está por finalizar, muchos periódicos y revistas han ido reduciendo sus tirajes o simplemente han desaparecido de los kioscos de los voceadores para, en el mejor de los casos, refugiarse en la Internet. Pero esto no significa que los medios de comunicación, al evolucionar tecnológicamente aumenten su público, pues muchos lectores de la prensa no tienen acceso a la Internet o no están interesados en su uso y viceversa.

Más aún, si en México el acceso a los medios impresos es elitista, todavía lo es mucho más el acceso a la Internet. La circulación de diarios y revistas apenas sobrepasa el medio millón de ejemplares diarios; pero sólo el 22 por ciento de quienes usan Internet en el país, diariamente, buscan noticias y análisis periodísticos de manera recurrente y son muchos menos los que pagan por ello.

Así, más allá de que en reiteradas ocasiones la OCDE ha señalado la urgencia de que México fortalezca al sector de las telecomunicaciones, por ser uno de los ejes del desarrollo económico global para el siglo XXI, los gravámenes al sector son también una mala señal para el desarrollo social y político de la nación.

Ha quedado claro para las economías más industrializadas del mundo que sin un sector de telecomunicaciones dinámico y accesible a toda la población, no habrá en la próxima década productividad, competitividad, comercio, empleo y educación; pero países como Estados Unidos en las pasadas elecciones presidenciales, ya dejaron de manifiesto que el acceso a la red de redes fortalece la libertad de expresión y el derecho a la información como aspectos fundamentales de la democracia.

En su informe 2008 sobre las perspectivas para América Latina, la OCDE recomendaba al gobierno mexicano “la ampliación del acceso de los usuarios a los servicios de telecomunicaciones” como una estrategia para cerrar la brecha entre ricos y pobres, a nivel interno y dentro del contexto global.

Y de modo enfático la organización estableció: “Para extender los servicios de telecomunicaciones a toda la población es necesario poner en marcha políticas eficaces de fomento del acceso, con reglas claras y estables (así como) contar con mercados bien regulados, abiertos y competitivos que promuevan la innovación e impulsen a las corporaciones multinacionales a maximizar su aportación colectiva al desarrollo a largo plazo”.

A lo largo del presente año, sin embargo, el gobierno mexicano no ha ofrecido opciones reales para que el desarrollo del sector de las telecomunicaciones cumpliera con su función social: De acuerdo con diversos análisis internacionales, en México el costo de las conexiones de internet sigue siendo el más caro del mundo, con facturas por encima de los 100 dólares mensuales por velocidades efectivas de menos de 1 Mbps, lo que representa entre 12 y 22 veces el valor de la facturación de internet en países como Japón, Alemania o Finlandia, por citar aquellos donde el acceso a la red tiene un costo mínimo.

Si al alto costo del acceso a la red y la baja calidad del servicio se le añaden sobretasas impositivas, no sólo se obstaculiza el desarrollo de una economía moderna en momentos en los que las consecuencias de la crisis financiera que estalló en Septiembre de 2008 exige un impulso a la actividad socioeconómica, sino que también se excluye a los grupos menos favorecidos de ese diálogo que propicia la sociedad de la información en la Internet, lo mismo a través de los medios online, tanto institucionales como alternativos, que de los blogs ciudadanos que dan voz pública a quien puede sentarse frente a una computadora para expresar, proponer y ser escuchado.

A nivel mundial hay una fuerte crítica a los regímenes totalitarios, como el chino o el iraní, que restringen el acceso a la Internet por motivos políticos; pero no acceder a la red por motivos económicos también es una posición antidemocrática. ¿Por qué los ricos sí pueden participar de la sociedad de la información a donde se están trasladando las más importantes corrientes de opinión, educación y desarrollo, y se condena a los pobres a perpetuar su condición, al mantenerlos en el aislamiento tecnológico, ajenos a los cambios y a la modernidad?

Artículo publicado originalmente en “Anecdotario Periodístico” de Reporteros Sin Fronteras

www.silviameave.net

El Extraño Caso de Lucía Morett y la Opinión Pública Online

Dicen que todos tenemos una adicción morbosa y después de tantos años de andar en este mundo loco ya encontré la mía: Leer los comentarios de los presuntos lectores de notas periodísticas en la Internet, sin importar medio de comunicación, nacionalidad, tendencia política o idioma (siempre y cuando sean inglés, español, francés o italiano que son los que según recuerdo, yo entiendo).

Desde luego leer comentarios es una diversión malsana en la que trato de aplicar mis modestos conocimientos de semiótica y psicología de la comunicación y algunos de los resultados que obtengo de mis análisis de contenido bien podrían venderse al mejor postor lo mismo para perfeccionar las campañas publicitarias dirigidas a los usuarios de la web, que para consolidar políticas públicas segmentadas que, en el mejor de los casos, reducirían la inconformidad ciudadana en las democracias occidentales (jajaja).

En esta dinámica, me llama la atención el caso de Lucía Morett, una mexicana, estudiante universitaria, que sobrevivió en 2008 a un ataque del ejército colombiano contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Ecuador y que ahora presuntamente es requerida judicialmente por las autoridades de los dos países sudamericanos envueltos en el caso.

Curiosamente su historia llena páginas de comentarios en varios diarios online y blogs que — en lo personal — me generan muchas dudas sobre la verdadera dimensión del incidente bélico, aparentemente de rutina, ocurrido en la frontera ecuatoriana-colombiana.

Si Morett es guerrillera o quintacolumnista, eso lo deberán determinar en su momento los encargados de impartir justicia dentro de las tres naciones involucradas — Colombia, Ecuador y México –. Por ahora lo que se vislumbra, más allá de filias de Izquierdas y Derechas, es un asunto muy relevante de seguridad regional que no debería pasarse por alto, que merece un análisis serio de los expertos y, sin embargo, se pretende mantener en el más bajo perfil informativo.

No obstante, pareciera ser que los lectores de noticias online sobre temas políticos en América Latina, y de manera especial los que visitan sitios mexicanos, o son agentes de la ultraderecha continental o de plano, el fundamentalismo ideológico azota a las empobrecidas clases medias de la región, lo que sería presagio de malos tiempos sociales para la post-crisis financiera global.

Quizá por salud mental y vena literaria prefiero pensar que la ultraderecha continental se esfuerza por hacer nido político en la ruta México-Colombia ante el avance rojo — y no exento de fundamentalismos — de don Hugo Chávez y sus simpatizantes en toda Latinoamérica.

De otra manera, el terrorismo clasemediero puede estar emparentado con las aspiraciones sin escrúpulos de los jóvenes que hoy se enrolan en el narcotráfico por dinero fácil, aunque peligroso, y que podría ponerse en cualquier momento al servicio de escuadrones privados de la muerte “anti-comunistas”.

La transformación de la Opinión Pública online ultra en abierto “anti-comunismo” criminal lo visualizo como un esquema muy parecido al de Al-Qaeda: Dad a unos cuantos pobres diablos frustrados en la cotidianediad de su vida, sin oficio ni beneficio, un motivo falaz de inspiración trascendental para alcanzar la gloria o defender sus supuestas libertades, y harán el trabajo sucio y políticamente incorrecto que anhelan llevar a cabo quienes detentan el poder real en el sistema que mueve a nuestras sociedades.

Si Lucía Morett es una taimada conspiradora al servicio de una guerrilla cuya historia honestamente no ayuda en absoluto a las causas de la lucha por la justicia social o si es un chivo expiatorio, está por verse; pero su caso pinta de cuerpo completo a un grupúsculo con cierto poder socio-político y económico transnacional interesado en frenar la pluralidad intelectual y democrática de la aldea global con cualquier pretexto prefabricado o espontáneo de la mano de una clase media conservadora y empobrecida, que busca desesperadamente a los culpables de la cancelación de sus aspiraciones de movilidad social.

Aquí merece una mención particular el esfuerzo que hacen los “liberaexpresionistas” online de la Derecha por hacer una liga forzada entre las hasta ahora supuestas actividades guerrilleras de Morett y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) donde estudia o estudió la joven; liga que resulta tan aventurada como dar por sentado que todos los egresados del MIT o de Harvard son potencialmente ganadores de un premio Nobel de Economía, cuando lo único cierto es que la UNAM es una de las pocas instituciones autónomas y plurales del mundo que cumple una función cultural y científica que va más allá de la estructura mercantil que en que operan actualmente los Estados-Nación.

¿Por qué el afan de ligar a una presunta guerrillera con hipotéticos vicios de una universidad estereotipada como de masas, que es en realidad el primer centro de conocimiento de América Latina?… Utopía: Si bien el número de egresados de esta universidad que podrían llegar a competir o rivalizar con los más poderosos líderes globales es una cifra nano, quizá uno solo con cierta visión y capacidad subversiva en términos de creatividad, que casi siempre resulta ser más explosiva que mil bombas terroristas, bastaría para trastocar el orden mundial establecido.

Y aunque considero que es casi improbable que algún miembro de la élite de la UNAM tenga interés en tomar control del mundo, como lo pretendió en su momento George W. Bush, pues ya se ha visto que por el contrario, científicos y humanistas de la institución tienden a cooperar con su conocimiento al engrandecimiento de la sociedad humana, parece que sí hay gente en los reductos del poder de la región que quiere anular cualquier posibilidad de, valga la reiteración de conceptos, “empoderar” a la institución, mediante el desprestigio de sus integrantes y egresados.

De ahí que siempre sea conveniente que por un lado hayan chivos expiatorios, prefabricados o espontáneos, como Lucía Morett, y presuntos “liberaexpresionistas”, también prefabricados o espontáneos, que pretenden generar una Opinión Pública virtual pletórica de prejuicios y etiquetas que permitan la construcción de estereotipos que facilitan el control social, literalmente aquí y en China.

Tan sólo en una pequeña nota del diario El Universal de México, encontré 77 comentarios, todos de anónimos lectores supuestamente masculinos, que vertían expresiones de odio en contra de Lucía Morett y su familia que contenían términos discriminatorios de género, nacionalidad, filiación política, condición social, aspecto, religión y hasta de preferencia sexual.

Podrían ser en verdad lectores del diario; pero también es posible que sean blogueros mercenarios, una profesión que ya comienza a tener su auge en la Internet, como la de los sicarios del crimen organizado.

Según algunos “comentaristas” online, el peor crimen de Lucía Morett es haber sido — supuestamente — la amante de un guerrillero extranjero y otros aseguran que la joven es culpable de que Canadá haya impuesto recientemente visas a los viajantes mexicanos.

Según la supuesta vox populi de la Internet, Morett es la causante de la mala reputación de los mexicanos en el mundo, por entrometida y seguramente revoltosa. Otros equiparan a la mexicana con una secuestradora francesa ya sentenciada en México, en una comparación que ni al caso viene y también está en el hall de la infamia al lado de los narco-sicarios de moda, a pesar de que todavía no hay un procedimiento judicial que deslinde responsabilidades ni arroje verdades jurídicas sobre la presencia de la mexicana en un campamento guerrillero.

En el colmo de lo que se percibe como una campaña virtual contra todo lo que parezca disidencia intelectual o política, hay supuestos lectores que tachan a Lucía Morett de asesina, otros afirman sin pruebas que Morett entregó datos confidenciales de empresarios mexicanos a las FARC para que los secuestren y hasta le atribuyen la frase “al diablo con las instituciones”, pronunciada alguna vez por Andrés Manuel López Obrador.

Mientras las autoridades judiciales de Colombia, Ecuador y México no presenten las evidencias contundentes de que Lucía Morett era o es miembro activo de las FARC o de cualquier otro grupo clandestino o delincuencial, los comentarios que circulan en la Internet quedan como una mera anécdota del prejuicio social contra quien se percibe disidente del statu quo.

Sin embargo, lo verdaderamente relevante de todo este asunto es que podemos estar ante una estrategia de prefabricación de la Opinión Pública disfrazada de libertad de expresión para inducir o justificar el linchamiento virtual o real de cualquier sospechoso de disidencia u oposición al sistema imperante en América Latina.

Bajo ninguna circunstancia puede permitirse que se censuren los comentarios de los lectores reales o ficticios de los medios de comunicación online; pero la libertad de la Internet presenta el reto de crear una Opinión Pública bien informada, auténtica, reflexiva y crítica, que se aleje de estereotipos, prejuicios y fundamentalismos que tienden a polarizar a las sociedades hasta el borde de las persecuciones políticas y la guerra.

Si no se resuelve este escollo, muy pronto la Internet podría volverse un arma de represión para quienes piensan o viven de manera diferente de las (presuntas) mayorías.

Artículo publicado originalmente en “Anecdotario Periodístico” de Reporteros Sin Fronteras

www.silviameave.net

Censura Web a la Mexicana

Si un político mexicano ocupa dos veces seguidas un espacio en mis reflexiones críticas sobre el clima de libertad de expresión en la aldea global, definitivamente puede estar en vías convertirse en “suspirante incómodo” de la carrera del cambio presidencial que cada sexenio se adelanta más y más como una consecuencia directamente proporcional a la debilidad política-administrativa de los protagonistas del momento.

Por lo pronto el caso que salta a la vista es el del gobernador príista de Veracruz, Fidel Herrera, quien en plena campaña para la realización de las elecciones intermedias en México, con el apoyo del Instituto Federal Electoral (IFE) y una empresa discográfica, EMI Music, volvió a dar la “nota de color” en materia de libertad de expresión para este blog al imponer la censura en YouTube de una video-parodia de la canción que interpreta Gael García en el filme Rudo y Cursi, que expone al gobernador veracruzano como un funcionario corrupto.

Suponiendo sin conceder, que el video presuntamente anónimo que ya circuló vastamente en la red — y no sólo en YouTube — es un libelo animado para desprestigiar al gobernador de reconocidas aspiraciones presidencialistas, lo coherente hubiese sido que el propio gobernador, o en su defecto, la institución gubernamental veracruzana, presentaran una demanda por difamación contra quien resultara responsable.

El gobierno de Herrera acusa al partido oficial, Acción Nacional, de ser autor intelectual y material de la video-parodia; pero hasta ahora no hay evidencias fehacientes de quién lo hizo. La video-parodia fue bloqueada en YouTube hace varios días. YouTube informó a los visitantes de su sitio web que EMI Music, propietaria de los derechos de la música de Rudo y Cursi había emitido una queja por el uso de la canción sin permiso de los autores.

El IFE, en México, dijo que había solicitado la remoción del video por contravenir la legislación electoral. Sin embargo, como es usual en la red, el video ahora está disponible en cientos de sitios web, alentando una polémica entre los cibernautas, en la que los grandes perdedores políticos han sido Herrera y el IFE, pues sin una orden judicial de por medio que justifique con evidencias la censura de la video-parodia, el gobernador y la institución electoral mexicana han sido equiparados con gobiernos como el chino o los de Cuba, Egipto, Irán, Corea del Norte, Arabia Saudita y otra veintena que espían, censuran y controlan lo que se divulga en la Internet.

Resulta paradójico que en un país que se ufana de haber consolidado una democracia con alternancia partidista, amplio debate público y apertura informativa, las instituciones electorales se pongan al servicio de intereses políticos particulares que, en todo caso, deben dirimirse en una corte como parte de un ejercicio democrático saludable.

Si el gobernador Herrera ha sido difamado, entonces quienes pudieran haber cometido este presunto delito deberían ser sancionados. Pero si quien hizo la video-parodia está narrando hechos que podrían ser reales, entonces también ahí las autoridades mexicanas deben someter a revisión la gestión de Herrera al frente del gobierno de Veracruz y sancionarlo legalmente si fuera necesario o limpiar jurídicamente su reputación política.

A final de cuentas, los cibernautas no son televidentes pasivos, sino que conforman en su mayoría grupos ciudadanos críticos y participativos que han encontrado en la red un modo de hacer democracia a su manera, quizá la más libre posible en más de dos siglos.

Es lo que se prevé será la democracia del siglo XXI y si los políticos mexicanos persisten en trasladar el statu quo censor de la expresión pública (“lo que no se ve no existe”) de la televisión a la Internet, el golpe a la democracia será directo y frontal, con consecuencias impredecibles.

El gobernador Herrera, político hecho a la antigua usanza priísta, tiene por su parte que aprender a aceptar que la democracia se construye con lo que opina ahora, no sólo el “hombre de la calle”, sino los navegantes de la red que analizan, comentan y juzgan los temas que interesan a la sociedad.

Es su responsabilidad como funcionario público demostrar con pruebas que se le está dañando con fines políticos, porque la censura — según se lee en los comentarios de los cibernautas en muchos foros de opinión — deja en la Opinión Pública la idea de que intenta esconder algo.

Artículo publicado originalmente en “Anecdotario Periodístico” de Reporteros Sin Fronteras

www.silviameave.net

Australia Bloquea Sitios Web de Minorías

Inquietante, por decir lo menos, resulta la noticia de que el gobierno australiano ha comenzado a bloquear sitios web que no se ajustan a la moral cristiana, en medio de una política poco transparente de combate a la ciber-delincuencia.

Según lo que consignó recientemente una organización no gubernamental denominada Wikileaks, autoridades de la mencionada nación del Pacífico Sur están impidiendo el acceso de los cibernautas locales a sitios que los funcionarios consideran “impropios”, so pretexto de la persecución internacional de delitos como la pornografía infantil y el terrorismo.

El gobierno australiano ha reconocido que, al estilo chino, está exigiendo a los proveedores de servicios de Internet instalar un sofware que permite espiar la cibernavegación de los ciudadanos y bloquear los contenidos de sitios web dentro y fuera del territorio de Australia. Empero, el escándalo internacional se detonó cuando se conoció que el sitio web de una dentista que había sido hackeado meses antes estaba en una lista negra que incluía no sólo a auténticos delincuentes, sino también los websites de organizaciones políticas y relgiosas de minorías, de defensa de la comunidad homosexual e incluso de organizaciones médicas.

Wikileaks y grupos defensores de la libertad de expresión alrededor del mundo cuestionan el método con que se pretenden combatir los ciberdelitos, pues las consideraciones morales de funcionarios, más que un rigor jurídico amenazan no sólo la libertad de expresión de grupos minoritarios e individuos que utilizan la red de redes para comunicar los asuntos de su interés a un público bien identificado, sino que también se atenta contra el derecho a la información, como es el caso de quienes buscan información sobre temas de salud sexual y, a pesar de pagar el servicio de Internet, no pueden navegar en los sitios con contenidos relativos solamente porque las autoridades no establecieron criterios definidos para detectar los verdaderos espacios de criminalidad.

El temor de la sociedad global es que el caso australiano siente precedente y la cibercensura en nombre del combate a la delincuencia se enquiste en otros lugares. Finalmente, el bloqueo de sitios web a los usuarios de los servicios de Internet no resuelve el gravísimo problema de las redes de pornografía infantil que, en realidad están asociadas a redes de trata de personas y que seguirán operando fuera del mundo virtual si no hay un compromiso internacional de desarticulación de mafias que roban a los niños en las calles.

Taparle los ojos a los pervertidos no impedirá que la delincuencia continúe operando y, en cambio, censurar la diversidad de ideas en la red es un mal presagio para las democracias.

Artículo publicado originalmente en “Anecdotario Periodístico” de Reporteros Sin Fronteras

www.silviameave.net