Aristegui vs MVS: ¿Ganar por la Vía del RTuitazo?

En México está de mas victimizarse en nombre de la libertad de expresión por un despido laboral, aunque sea de filosas aristas. México ocupa el sexto lugar a nivel mundial por el asesinato de periodistas.

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*Este texto es parte de los borradores de mi libro:
“México frente a la libertad de expresión: De Proceso a las redes sociales”,
de próxima publicación en Absintha Publishing Co.

Si en el siglo veinte las batallas políticas por el poder en México se hacían uno a uno, a periodicazos, ahora parece que los tuitazos, o mejor aún, los RTuitazos de las huestes poco a poco van reemplazando cualquier vestigio de activismo cívico reflexivo y propositivo –ése que merece cualquier sociedad democrática.

Esto viene al tema porque México tiene una nueva mártir de la libertad de expresión made in the social media entre mentadas de madre y otras variadas agresiones verbales: Ella es Carmen Aristegui, cuatro veces Premio Nacional de Periodismo en medios audiovisuales y líder de opinión predilecta de la hoy disminuida Izquierda nacional.

La periodista fue despedida de la estación de radio MVS Noticias por segunda vez en cuatro años; y si la primera ocasión (2011) el motivo de su despido fue exigir al aire que se aclarara una presunta adicción al alcohol del entonces presidente Felipe Calderón, ahora — como dicen en la jerga política — “se puso de a pechito”, atribuyéndose una representación en MVS que — aparentemente — no tenía, cuando se integró a una nueva organización periodística denominada MexicoLeaks. Ella no desmiente esto.

Apenas se dio la presentación en sociedad de MexicoLeaks, la empresa radiodifusora que dirige Joaquín Vargas se deslindó ipso facto de su eventual participación en la citada organización que se define como “una plataforma independiente de denuncia ciudadana y transparencia, al servicio de la sociedad mexicana para revelar información de interés público”, y que claramente está inspirada en el movimiento WikiLeaks del australiano Julian Assange.

Hasta ahí todo se configuraba como una anécdota más de la siempre difícil relación que tiene cualquier empresa de medios con sus trabajadores (o viceversa). Sin embargo, MVS anunció el despido de Aristegui y su más cercano grupo de colaboradores “por pérdida de confianza” y explicó que estos comprometieron “recursos y marcas de la empresa, sin el conocimiento y autorización de la administración de MVS Radio, [lo que] es inadmisible e inaceptable.” La radiodifusora enfatizó: “no podemos permitir abusos por parte de nuestros colaboradores”, aclarando que una asociación con MexicoLeaks  per se  no era causa del despido de los periodistas. Tal vez sí, tal vez no.

TANTOS AÑOS DE MARQUESA…

Nadie puede negar el aporte que ha hecho el equipo de investigación periodística de Carmen Aristegui a la sociedad mexicana. Así que el hecho de que salga del aire su programa de radio — que es un referente de periodismo independiente — deja momentáneamente un vacío en el espectro de los medios audiovisuales; pero la calidad de la labor periodística que realiza Aristegui le garantiza, como le ha sucedido a lo largo de su carrera, nuevos espacios para continuar con su proyecto profesional, empezando por su sitio web Aristegui Noticias. Entonces, ¿por qué tendría que ser MVS de manera forzada, el medio que siga dando espacio al trabajo de la periodista? ¿Por qué el equipo de periodistas no desafía abiertamente al régimen supuestamente censor y le exige un espacio en la radio o la televisión pública a manera de desagravio laboral?

Al cierre de esta edición ninguna de las partes en conflicto ha aclarado si los reporteros investigadores Daniel Lizárraga e Irving Huerta, decidieron por iniciativa propia o por órdenes de Carmen Aristegui, que se diera a conocer una supuesta alianza participativa de MVS y Aristegui Noticias, espacio periodístico online propiedad de la periodista, en MexicoLeaks, y en todo caso, por qué lo hicieron así.

De lo que hay constancia es que MVS anunció el despido de los colaboradores de Aristegui y ésta se inconformó públicamente desde su programa radiofónico, pues dijo que no se le notificó previamente la decisión de la empresa y que esto afectaría la labor de generación de contenidos periodísticos para el programa.

Claro que, hasta donde se sabe, ella tampoco notificó previamente a la empresa de que anunciaría una alianza conjunta en MexicoLeaks. Luego fue la propia Aristegui quien corrió la especie de que el despido de sus colaboradores está relacionado con sus investigaciones periodísticas ya por todos conocidas sobre el presunto tráfico de influencias en las licitaciones del gobierno federal y otras irregularidades constitutivas de delito, las cuales fueron dadas a conocer hace más de cuatro meses.

En medio de un intercambio de mensajes públicos que azuzaron a los simpatizantes online y offline de las partes involucradas en el asunto, Aristegui terminó siendo despedida y el “pleito artificial” que ella en un principio aseguró querer evitar, se transformó — en sus propias palabras —  en “estridencia mediática y ruptura” con todo y movilización tanto de simpatizantes como de adversarios de la periodista lo mismo en las redes sociales que a la puerta de la sede de la radiodifusora que dio espacio a Carmen por alrededor de seis años.

Más aún, alguien en Twitter creó el hashtag #JesuisCarmen, que equipara el problema laboral de Aristegui con el reciente ataque terrorista en París al equipo editorial de Charlie Hebdo… ¿Tanto así?

Tal vez sí, tal vez no. Pero… ¿Por qué una periodista profesional, de muchísima experiencia, como Aristegui utilizó sin autorización el nombre de MVS en un proyecto periodístico que ya de antemano es un desafío a los corruptos grupos de poder y al statu quo?

Más aún, si Carmen Aristegui había abierto un espacio que era un oasis periodístico para su auditorio, ¿por qué tomó decisiones que, según la empresa para la que trabajaba como empleada no le correspondían? Por supuesto, ella no es novata, ingenua ni tonta; pero — su trabajo lo evidencia — es provocadora (quizá como debe serlo cualquiera que se dedique al periodismo).

Ahora, MVS asegura en uno de sus comunicados sobre el caso que Aristegui estaba usando recursos de la empresa para hacer investigaciones periodísticas que utilizaba en otros medios de comunicación, y el apresurado establecimiento de nuevos lineamientos editoriales por parte de la radiodifusora para sus colaboradores dejan entrever que hubo algún conflicto de intereses personales en el trabajo periodístico de Carmen, por un posible activismo político de ella. Tal vez sí, tal vez no.

Peor: En lo que podría ser el último comunicado de un primer round en una resbaladiza lucha preelectoral en el lodo, MVS le dio a Aristegui un machetazo a caballo de espadas mencionando que en semanas recientes la empresa “autorizó la compra del automóvil de lujo que le proporciona [a Carmen], con el doble de valor del establecido en el contrato”, dando a entender que la compañía estaba a gusto con el trabajo de la periodista y por tanto, el cese fulminante de su equipo de trabajo no fue un acto de censura proveniente de las altas esferas del poder.

Además, como lo marcan las reglas no escritas de lo políticamente correcto, la administración de Enrique Peña Nieto, a través de la Secretaría de Gobernación, puso sus barbas a remojar y emitió un comunicado en el que circunscribe el incidente Aristegui-MVS como un asunto entre particulares. Tal vez sí, tal vez no.

POR LEY, LA LIBERTAD ES DEL QUE LA PAGA

Lo inusitado del caso fue el modo como Aristegui y su equipo se apoyaron en fans y detractores de las redes sociales para dirimir públicamente un conflicto laboral y entregaron su defensa de la libertad de expresión, a un grupúsculo presuntamente politizado, que frecuenta la web para asumir un falaz activismo verbal que transpira inquina colectiva y autocompasión social, engendros naturales del Estado fallido.

En México está de mas victimizarse en nombre de la libertad de expresión por un despido laboral, aunque sea de filosas aristas. México ocupa el sexto lugar a nivel mundial por el asesinato de periodistas, de acuerdo con las más recientes estadísticas de Reporteros Sin Fronteras, y hay sobrevivientes, paradójicamente en su mayoría freelance, que pueden contarnos qué ocurre realmente cuando un periodista toca los intereses más turbios y sensibles de los poderosos: Lydia Cacho, Anabel Hernández, Verónica Basurto, Miguel Badillo, Ana Lilia Pérez, entre los no pocos que se han atrevido a levantar la voz.

Por supuesto, no habría que esperar a una persecución encarnizada del equipo de Aristegui para pensar que la censura es la causa primera de su despido de MVS. Sin embargo, conociendo de primera mano la dinámica del poder censor en México, me atrevo a afirmar que si las investigaciones de sus periodistas hubiesen sido la causa de su despido de MVS, ella ya no hubiese salido al aire al día siguiente de la primera investigación incómoda que realizaron.

Y aunque hay quienes argumentan con justa razón que MVS es una concesión de un bien público y constitucionalmente debe garantizar las libertades de expresión e información — y por tanto devolverle el trabajo a Aristegui y su equipo –, también es cierto que la ley da a la radiodifusora todas las atribuciones de una empresa privada. MVS refiere un “abuso de confianza” por parte de sus empleados que ellos no han objetado (Lorenzo Meyer la considera “una infracción administrativa menor” del equipo periodístico de Aristegui).

Contra lo que dicen Meyer y muchos de los simpatizantes de Carmen Aristegui que le han dado a la comunicadora la ventaja del RTuitazo frente a MVS (aunque no la ventaja de las evidencias, todavía), no es un asunto menor tener que demostrar que el despido del equipo de la comunicadora sea un acto de censura gubernamental, pues nadie puede, en nombre de la libertad de expresión e información, encubrir errores “administrativos” ni de protocolos de investigación, o lo que sería más grave, arropar una agenda política personal con una falsa bandera de defensa de las libertades democráticas esenciales.

A estas alturas de la historia de México sería muy ingenuo no haber entendido que son los dueños de los medios de comunicación y de ningún modo los periodistas quienes marcan la pauta y los límites del periodismo que se hace en el país. Nos guste o no, la abrumadora mayoría de quienes se dedican al periodismo en sus diversos géneros y formatos es asalariada; se alquila para hacer lo que los patrones necesitan, no para ejercer su libertad de expresión personal, salvo que el contrato de trabajo lo especifique.

En el Derecho Positivo Mexicano, al igual que en el periodismo de investigación, se deben probar los dichos y hay que mostrar evidencias de lo que se afirma. Eso lo saben Aristegui, su equipo de trabajo, la gente de MVS y, desde luego, el gobierno federal. Por eso, la periodista debe contarnos la historia completa de lo que realmente sucedió, a partir del tipo de relación laboral o empresarial que mantenía con la empresa radiodifusora, qué clase de investigación periodística tenían en curso al momento de su despido, e incluso si sus fuentes informativas han recibido alguna presión gubernamental o de otro tipo.

Si las partes dirimieran el asunto en un juicio laboral de reinstalación, al cual Aristegui y sus colaboradores tienen derecho, estos periodistas estarían marcando un hito en la vida del país. Las batallas por la democracia no se ganan con insultos ni falacias invocadas en las redes sociales ni con marchas multitudinarias, sino con argumentos en el ámbito de la legalidad. Los periodistas expulsados de MVS deben abrir un espacio de discusión jurídica sobre la libertad de expresión del obrero periodístico, porque en los hechos, la ley tal como está, garantiza la libertad del propietario de medios; pero no de sus empleados.

Tampoco está claro dentro de la legislación cuáles son los recursos jurídicos de la ciudadanía, a nivel individual o colectivo, para hacer valer su derecho a la información, en casos de censura gubernamental o de grupos económicos de poder a comunicadores.

En el papel está la Ley en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales , modificada a mediados de 2014, que establece que todo ciudadano tiene derecho a conocer los datos sobre el desempeño de los actores públicos dentro Estado mexicano. Empero, en ninguno de sus artículos hay una sola mención de los mecanismos de protección de la investigación periodística profesional, al acceder a la información de interés público.

El artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice sobre la radio:

I. LA RADIODIFUSION ES UN SERVICIO PUBLICO DE INTERES GENERAL, POR LO QUE EL ESTADO GARANTIZARA QUE SEA PRESTADO EN CONDICIONES DE COMPETENCIA Y CALIDAD Y BRINDE LOS BENEFICIOS DE LA CULTURA A TODA LA POBLACION, PRESERVANDO LA PLURALIDAD Y LA VERACIDAD DE LA INFORMACION, ASI COMO EL FOMENTO DE LOS VALORES DE LA IDENTIDAD NACIONAL, CONTRIBUYENDO A LOS FINES ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 3o. DE ESTA CONSTITUCION.

Así pues, ni ésta ni las leyes secundarias sobre radiodifusión — o sobre los medios audiovisuales en general — plantean cómo el Estado y los concesionarios garantizarán el derecho a la libertad de expresión de los periodistas, sus empleados, ni el derecho a la información de la ciudadanía.

Mientras no haya modificaciones sustanciales a la legislación y sus mecanismos de aplicación, la libertad de expresión de los periodistas en México seguirá supeditada a la voluntad de los dueños de los medios de comunicación, y eso lo sabe cualquier trabajador de la información asalariado: El que paga, manda. Hacerle creer a la ciudadanía otra cosa es tan sólo un round boxístico de sombra con el poder político y económico del país (o global).

Las naciones democráticas desarrolladas tienen canales de televisión y estaciones de radio propiedad del Estado, que están obligados a ceder la totalidad de su espacio espacio a productores independientes de programas de interés público con la única restricción a la promoción del odio, el racismo, la violencia, la discriminación sexual, el libelo y temas afines que destruyen la cohesión social y la convivencia armónica.

Si las huestes que quieren cambiar al mundo en un RTuitazo cabildearan con sus representantes en Congreso de la Unión una revisión de la legislación sobre medios, libertad de expresión y derecho a la información, así como la apertura a productores de contenidos y periodistas independientes de los canales del Estado, que se sostienen con los impuestos de la clase trabajadora, se podría comenzar a hablar de un cambio cualitativo hacia la democratización de los medios en México; pero quedarse en las redes sociales para convertirlas en un muro de lamentaciones políticas prejuiciadas, sin propuestas creativas ni concretas, no aporta nada nuevo a lo ya visto a lo largo de todo el ciclo histórico de la post-Revolución.

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Impunidad Mina Democracia en México

El año 2009 fue tal vez el peor en la historia contemporánea para los periodistas que trabajan en México. La organización Reporteros Sin Fronteras señala que desde el inicio de los gobiernos conservadores del Partido Acción Nacional (PAN) en 2000, han sido asesinados 60 comunicadores en todo el país, aunque las autoridades locales sólo se reconocen 58 muertes.

Tan sólo el año pasado se contabilizaron 12 muertes de periodistas y apenas iniciando 2010, dos periodistas, uno en Sinaloa y otro en Coahuila, fueron secuestrados y asesinados por grupos armados, mientras otro, también en Coahuila, está en calidad de desaparecido.

En este marco, hasta noviembre de 2009 la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México recibió 78 denuncias sobre amenazas, intimidaciones, persecuciones, atentados y desapariciones forzadas de periodistas en todo el territorio, mientras que la censura y la autocensura están a la orden del día en las salas de redacción de los medios de comunicación.

La mayoría de los periodistas asesinados cubrían la información de la fuente policiaca; así que se cree que los crímenes contra periodistas están asociados a sus investigaciones sobre la delincuencia organizada. Y enfatizo que “se cree” porque prácticamente ningún caso, de los ocurridos desde 2000 se ha resuelto. No se sabe de detenidos ni de pistas ni de móviles exactos en torno a los asesinatos; y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP), creada ex-profeso en el inicio de la administración de Felipe Calderón, más que coadyuvar a la resolución de los crímenes, se ha convertido en una ventanilla burocrática encargada de justificar las dilaciones en la investigación judicial de los asesinatos, según consta en diversos informes de organizaciones no gubernamentales, de organismos gremiales e incluso en recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha solicitado al gobierno mexicano que garantice investigaciones realizadas con seriedad, permitiendo el esclarecimiento de los hechos.

Al cabo de diez años de gobiernos opositores al antiguo régimen del partido único, el presidente de la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex), Armando Prida Huerta, asegura que en México “decir la verdad cuesta hasta la vida”, lo que pone en tela de juicio al Estado mexicano como garante del derecho constitucional a la libertad de expresión como principio democrático y a la impartición de la justicia.

Aunque la FEADP minimiza en sus reportes públicos los presuntos móviles de los ataques contra los comunicadores, Reporteros Sin Fronteras ha colocado en el mismo nivel de peligrosidad para el ejercicio periodístico, a Afganistán, Somalia y México.

Mala señal para una nación que forma parte de varias asociaciones económicas internacionales de primer nivel y que en 2007 estaba a la mitad del camino en el índice de Estados fallidos de Foreign Policy, con una puntuación de 72 de 115, donde cero es riesgo nulo y 115 el caos y la disolución del Estado.

Mientras tanto, a la par de que el ambiente sociopolítico y económico de la nación se enrarece aceleradamente, conforme se acerca el último tramo de la actual administración, en las últimas semanas de 2009, reporteros en diversas entidades empezaron a notificar a colegas dentro y fuera de México que han recibido llamadas telefónicas anónimas intimidatorias, en sus oficinas y en sus teléfonos celulares, sugiriéndoles poner límites a sus investigaciones periodísticas o que se cuidaran de lo que opinan.

Tal vez es la delincuencia organizada, pero tal vez no. ¿Cómo comprobar la participación de esos entes agazapados en la oscuridad con poderío de facto si el Estado no ofrece a la sociedad investigaciones rigurosas y, sobre todo, la aclaración de los crímenes?

La impunidad de los delitos, y más aún los que se relacionan con ataques a la libertad de expresión, y su contraparte, el derecho ciudadano a la información, eje de la democracia, es caldo de cultivo para toda clase de corrupción social y de poder que conducen al surgimiento de Estados fallidos, entendidos como naciones con “instituciones débiles, vulnerables y en pleno deterioro”, según la definición de la revista Foreign Policy en un análisis del tema publicado en 2007.

Baste mencionar que cada vez es más frecuente leer en foros online de periódicos nacionales y estatales, o incluso en blogs ciudadanos, insultos y comentarios anónimos intimidatorios contra reporteros y articulistas, sin importar su tendencia o filiación política o su nivel de objetividad.

Hemos visto con frecuencia agresiones de multitudes enardecidas a reporteros de televisión que algunos identifican al servicio del gobierno y también hay usuarios anónimos de la web que bloquean las cuentas de redes sociales y blogs de los opositores al régimen con falsas denuncias de actividad ilícita. Y eso no se vale ni se permite en un Estado democrático.

El análisis de Foreign Policy 2007 sobre Estados fallidos dice que los problemas que acosan a los Estados en proceso de desintegración suelen ser muy similares: corrupción generalizada, clases dirigentes depredadoras que monopolizan el poder desde hace mucho tiempo, ausencia del imperio de la ley y graves divisiones étnicas o religiosas”, además de algunas otras variables aleatorias como la violencia urbana, la creciente pobreza extrema, la incapacidad de la nación para administrar adecuadamente sus recursos naturales y evitar la depredación de sus ecosistemas, por mencionar unas cuantas.

En un Estado fallido, la presunta delincuencia organizada, con sus anónimos y brutales maneras de “operar”, como queda demostrado en México con los levantones, secuestros, torturas y ejecuciones de periodistas, defensores de derechos humanos y empresarios, entre otros ciudadanos, se convierte en un eufemismo que solapa los intereses oscuros prácticamente de cualquiera: desde un edil corrupto hasta una autoviuda o un empresario defraudador, y cerrando el caso antes de abrirlo, los primeros sospechosos siempre son los sicarios del crimen organizado.

Tal vez sí, tal vez no. ¿Dónde están las pruebas? Al referirse a Irak y Afganistán, países con los que actualmente algunas organizaciones internacionales equiparan a México, por sus niveles de violencia y peligrosidad para el ejercicio del periodismo, Foreign Policy decía en 2007: “Sus experiencias prueban que no sirve de nada que se destinen miles de millones de dólares de ayuda a la seguridad y el desarrollo si no van acompañados de un gobierno con capacidad de actuar, dirigentes dignos de confianza y planes realistas para mantener la paz y desarrollar la economía. Igual que existen muchas formas de alcanzar el éxito, también hay muchas maneras de caer en el fracaso.”

Por supuesto, una de esas maneras de caer en el fracaso es, precisamente la impunidad, y más si esa impunidad daña uno de los bastiones más sensibles de la democracia: los periodistas que dan voz a los diversos puntos de vista de la sociedad sobre el desarrollo de una nación.

Si los periodistas, considerados el cuarto poder de los Estados democráticos, son vulnerables ante la impunidad que priva en México, ¿qué pueden esperar los ciudadanos “de a pie”, como decían antes a la gente del pueblo?

Los gobiernos federal y estatales están aún a tiempo de actuar y revertir cuanto antes el imperio de la impunidad en la vida de México, pero de modo especial la que impera en los delitos contra quienes ejercen el periodismo, quienes cumplen simplemente la tarea de informar a los ciudadanos sobre los acontecimientos que construyen día a día la historia del país. Si esto no se para cuanto antes, México se habrá perdido irremediablemente como nación libre y soberana.

Artículo publicado originalmente en “Anecdotario Periodístico” de Reporteros Sin Fronteras

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Impuesto contra la Democracia en México

¿Puede una tasa impositiva de la hacienda pública incidir en la libertad de expresión de una sociedad? La respuesta contundente es SÍ y el ejemplo/evidencia/argumento al respecto es la reciente aprobación por parte de la Cámara de Diputados de México, de un impuesto especial de 3 por ciento al uso de los servicios de telecomunicaciones, que se adicionaría como sobretasa a un Impuesto al Valor Agregado (IVA) que en 2010 se pretende que pase del 15 al 16 por ciento sobre el precio neto del servicio.

Esta propuesta tributaria que con algunas variaciones salió de la oficina del Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Agustín Carstens, antiguo subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, provocará de aprobarse en el Senado de la República, el aumento del precio de los servicios de telecomunicaciones en por lo menos 20 por ciento.

La medida hacendaria afectará a todos los usuarios nacionales de telefonía y conexiones de internet, quienes ya de por sí enfrentan un entorno adverso para la utilización de los servicios, a causa de su alto costo y baja calidad, en comparación con los que se brindan en las otras economías de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la que pertenece México desde 1994.

Entre los usuarios de telecomunicaciones en México, de los más afectados con los nuevos impuestos serán los medios de comunicación, particularmente los denominados “online”, que por lo general son micro, pequeñas y medianas empresas u organizaciones no lucrativas que basan su operación en las tecnologías de la información. Y es que los medios online, por un lado, enfrentarán el aumento de sus costos operativos, y, por otro, podrían ver disminuido el número de sus lectores y anunciantes locales, quienes previsiblemente reducirán su acceso a la web por su alto costo y/o la priorización de gastos ante la avalancha impositiva.

Los nuevos impuestos a los servicios de Internet son un nuevo golpe contra la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad mexicana por cuanto que una gran cantidad de medios de comunicación en México, en su mayoría impresos, paulatinamente han dado el salto a la Internet debido al alto costo de los insumos de publicación en papel y a la caída de sus ventas y suscripciones por la crisis financiera y la evolución del mercado hacia la red.

Ya no hablemos de que ejercer el periodismo en México se ha convertido en una actividad de alto riesgo cuando el Estado no garantiza a quienes trabajan en los medios la seguridad física y jurídica para que investiguen y reporten a la sociedad, con imparcialidad, los acontecimientos diarios.

A lo largo de la década que está por finalizar, muchos periódicos y revistas han ido reduciendo sus tirajes o simplemente han desaparecido de los kioscos de los voceadores para, en el mejor de los casos, refugiarse en la Internet. Pero esto no significa que los medios de comunicación, al evolucionar tecnológicamente aumenten su público, pues muchos lectores de la prensa no tienen acceso a la Internet o no están interesados en su uso y viceversa.

Más aún, si en México el acceso a los medios impresos es elitista, todavía lo es mucho más el acceso a la Internet. La circulación de diarios y revistas apenas sobrepasa el medio millón de ejemplares diarios; pero sólo el 22 por ciento de quienes usan Internet en el país, diariamente, buscan noticias y análisis periodísticos de manera recurrente y son muchos menos los que pagan por ello.

Así, más allá de que en reiteradas ocasiones la OCDE ha señalado la urgencia de que México fortalezca al sector de las telecomunicaciones, por ser uno de los ejes del desarrollo económico global para el siglo XXI, los gravámenes al sector son también una mala señal para el desarrollo social y político de la nación.

Ha quedado claro para las economías más industrializadas del mundo que sin un sector de telecomunicaciones dinámico y accesible a toda la población, no habrá en la próxima década productividad, competitividad, comercio, empleo y educación; pero países como Estados Unidos en las pasadas elecciones presidenciales, ya dejaron de manifiesto que el acceso a la red de redes fortalece la libertad de expresión y el derecho a la información como aspectos fundamentales de la democracia.

En su informe 2008 sobre las perspectivas para América Latina, la OCDE recomendaba al gobierno mexicano “la ampliación del acceso de los usuarios a los servicios de telecomunicaciones” como una estrategia para cerrar la brecha entre ricos y pobres, a nivel interno y dentro del contexto global.

Y de modo enfático la organización estableció: “Para extender los servicios de telecomunicaciones a toda la población es necesario poner en marcha políticas eficaces de fomento del acceso, con reglas claras y estables (así como) contar con mercados bien regulados, abiertos y competitivos que promuevan la innovación e impulsen a las corporaciones multinacionales a maximizar su aportación colectiva al desarrollo a largo plazo”.

A lo largo del presente año, sin embargo, el gobierno mexicano no ha ofrecido opciones reales para que el desarrollo del sector de las telecomunicaciones cumpliera con su función social: De acuerdo con diversos análisis internacionales, en México el costo de las conexiones de internet sigue siendo el más caro del mundo, con facturas por encima de los 100 dólares mensuales por velocidades efectivas de menos de 1 Mbps, lo que representa entre 12 y 22 veces el valor de la facturación de internet en países como Japón, Alemania o Finlandia, por citar aquellos donde el acceso a la red tiene un costo mínimo.

Si al alto costo del acceso a la red y la baja calidad del servicio se le añaden sobretasas impositivas, no sólo se obstaculiza el desarrollo de una economía moderna en momentos en los que las consecuencias de la crisis financiera que estalló en Septiembre de 2008 exige un impulso a la actividad socioeconómica, sino que también se excluye a los grupos menos favorecidos de ese diálogo que propicia la sociedad de la información en la Internet, lo mismo a través de los medios online, tanto institucionales como alternativos, que de los blogs ciudadanos que dan voz pública a quien puede sentarse frente a una computadora para expresar, proponer y ser escuchado.

A nivel mundial hay una fuerte crítica a los regímenes totalitarios, como el chino o el iraní, que restringen el acceso a la Internet por motivos políticos; pero no acceder a la red por motivos económicos también es una posición antidemocrática. ¿Por qué los ricos sí pueden participar de la sociedad de la información a donde se están trasladando las más importantes corrientes de opinión, educación y desarrollo, y se condena a los pobres a perpetuar su condición, al mantenerlos en el aislamiento tecnológico, ajenos a los cambios y a la modernidad?

Artículo publicado originalmente en “Anecdotario Periodístico” de Reporteros Sin Fronteras

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El Extraño Caso de Lucía Morett y la Opinión Pública Online

Dicen que todos tenemos una adicción morbosa y después de tantos años de andar en este mundo loco ya encontré la mía: Leer los comentarios de los presuntos lectores de notas periodísticas en la Internet, sin importar medio de comunicación, nacionalidad, tendencia política o idioma (siempre y cuando sean inglés, español, francés o italiano que son los que según recuerdo, yo entiendo).

Desde luego leer comentarios es una diversión malsana en la que trato de aplicar mis modestos conocimientos de semiótica y psicología de la comunicación y algunos de los resultados que obtengo de mis análisis de contenido bien podrían venderse al mejor postor lo mismo para perfeccionar las campañas publicitarias dirigidas a los usuarios de la web, que para consolidar políticas públicas segmentadas que, en el mejor de los casos, reducirían la inconformidad ciudadana en las democracias occidentales (jajaja).

En esta dinámica, me llama la atención el caso de Lucía Morett, una mexicana, estudiante universitaria, que sobrevivió en 2008 a un ataque del ejército colombiano contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Ecuador y que ahora presuntamente es requerida judicialmente por las autoridades de los dos países sudamericanos envueltos en el caso.

Curiosamente su historia llena páginas de comentarios en varios diarios online y blogs que — en lo personal — me generan muchas dudas sobre la verdadera dimensión del incidente bélico, aparentemente de rutina, ocurrido en la frontera ecuatoriana-colombiana.

Si Morett es guerrillera o quintacolumnista, eso lo deberán determinar en su momento los encargados de impartir justicia dentro de las tres naciones involucradas — Colombia, Ecuador y México –. Por ahora lo que se vislumbra, más allá de filias de Izquierdas y Derechas, es un asunto muy relevante de seguridad regional que no debería pasarse por alto, que merece un análisis serio de los expertos y, sin embargo, se pretende mantener en el más bajo perfil informativo.

No obstante, pareciera ser que los lectores de noticias online sobre temas políticos en América Latina, y de manera especial los que visitan sitios mexicanos, o son agentes de la ultraderecha continental o de plano, el fundamentalismo ideológico azota a las empobrecidas clases medias de la región, lo que sería presagio de malos tiempos sociales para la post-crisis financiera global.

Quizá por salud mental y vena literaria prefiero pensar que la ultraderecha continental se esfuerza por hacer nido político en la ruta México-Colombia ante el avance rojo — y no exento de fundamentalismos — de don Hugo Chávez y sus simpatizantes en toda Latinoamérica.

De otra manera, el terrorismo clasemediero puede estar emparentado con las aspiraciones sin escrúpulos de los jóvenes que hoy se enrolan en el narcotráfico por dinero fácil, aunque peligroso, y que podría ponerse en cualquier momento al servicio de escuadrones privados de la muerte “anti-comunistas”.

La transformación de la Opinión Pública online ultra en abierto “anti-comunismo” criminal lo visualizo como un esquema muy parecido al de Al-Qaeda: Dad a unos cuantos pobres diablos frustrados en la cotidianediad de su vida, sin oficio ni beneficio, un motivo falaz de inspiración trascendental para alcanzar la gloria o defender sus supuestas libertades, y harán el trabajo sucio y políticamente incorrecto que anhelan llevar a cabo quienes detentan el poder real en el sistema que mueve a nuestras sociedades.

Si Lucía Morett es una taimada conspiradora al servicio de una guerrilla cuya historia honestamente no ayuda en absoluto a las causas de la lucha por la justicia social o si es un chivo expiatorio, está por verse; pero su caso pinta de cuerpo completo a un grupúsculo con cierto poder socio-político y económico transnacional interesado en frenar la pluralidad intelectual y democrática de la aldea global con cualquier pretexto prefabricado o espontáneo de la mano de una clase media conservadora y empobrecida, que busca desesperadamente a los culpables de la cancelación de sus aspiraciones de movilidad social.

Aquí merece una mención particular el esfuerzo que hacen los “liberaexpresionistas” online de la Derecha por hacer una liga forzada entre las hasta ahora supuestas actividades guerrilleras de Morett y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) donde estudia o estudió la joven; liga que resulta tan aventurada como dar por sentado que todos los egresados del MIT o de Harvard son potencialmente ganadores de un premio Nobel de Economía, cuando lo único cierto es que la UNAM es una de las pocas instituciones autónomas y plurales del mundo que cumple una función cultural y científica que va más allá de la estructura mercantil que en que operan actualmente los Estados-Nación.

¿Por qué el afan de ligar a una presunta guerrillera con hipotéticos vicios de una universidad estereotipada como de masas, que es en realidad el primer centro de conocimiento de América Latina?… Utopía: Si bien el número de egresados de esta universidad que podrían llegar a competir o rivalizar con los más poderosos líderes globales es una cifra nano, quizá uno solo con cierta visión y capacidad subversiva en términos de creatividad, que casi siempre resulta ser más explosiva que mil bombas terroristas, bastaría para trastocar el orden mundial establecido.

Y aunque considero que es casi improbable que algún miembro de la élite de la UNAM tenga interés en tomar control del mundo, como lo pretendió en su momento George W. Bush, pues ya se ha visto que por el contrario, científicos y humanistas de la institución tienden a cooperar con su conocimiento al engrandecimiento de la sociedad humana, parece que sí hay gente en los reductos del poder de la región que quiere anular cualquier posibilidad de, valga la reiteración de conceptos, “empoderar” a la institución, mediante el desprestigio de sus integrantes y egresados.

De ahí que siempre sea conveniente que por un lado hayan chivos expiatorios, prefabricados o espontáneos, como Lucía Morett, y presuntos “liberaexpresionistas”, también prefabricados o espontáneos, que pretenden generar una Opinión Pública virtual pletórica de prejuicios y etiquetas que permitan la construcción de estereotipos que facilitan el control social, literalmente aquí y en China.

Tan sólo en una pequeña nota del diario El Universal de México, encontré 77 comentarios, todos de anónimos lectores supuestamente masculinos, que vertían expresiones de odio en contra de Lucía Morett y su familia que contenían términos discriminatorios de género, nacionalidad, filiación política, condición social, aspecto, religión y hasta de preferencia sexual.

Podrían ser en verdad lectores del diario; pero también es posible que sean blogueros mercenarios, una profesión que ya comienza a tener su auge en la Internet, como la de los sicarios del crimen organizado.

Según algunos “comentaristas” online, el peor crimen de Lucía Morett es haber sido — supuestamente — la amante de un guerrillero extranjero y otros aseguran que la joven es culpable de que Canadá haya impuesto recientemente visas a los viajantes mexicanos.

Según la supuesta vox populi de la Internet, Morett es la causante de la mala reputación de los mexicanos en el mundo, por entrometida y seguramente revoltosa. Otros equiparan a la mexicana con una secuestradora francesa ya sentenciada en México, en una comparación que ni al caso viene y también está en el hall de la infamia al lado de los narco-sicarios de moda, a pesar de que todavía no hay un procedimiento judicial que deslinde responsabilidades ni arroje verdades jurídicas sobre la presencia de la mexicana en un campamento guerrillero.

En el colmo de lo que se percibe como una campaña virtual contra todo lo que parezca disidencia intelectual o política, hay supuestos lectores que tachan a Lucía Morett de asesina, otros afirman sin pruebas que Morett entregó datos confidenciales de empresarios mexicanos a las FARC para que los secuestren y hasta le atribuyen la frase “al diablo con las instituciones”, pronunciada alguna vez por Andrés Manuel López Obrador.

Mientras las autoridades judiciales de Colombia, Ecuador y México no presenten las evidencias contundentes de que Lucía Morett era o es miembro activo de las FARC o de cualquier otro grupo clandestino o delincuencial, los comentarios que circulan en la Internet quedan como una mera anécdota del prejuicio social contra quien se percibe disidente del statu quo.

Sin embargo, lo verdaderamente relevante de todo este asunto es que podemos estar ante una estrategia de prefabricación de la Opinión Pública disfrazada de libertad de expresión para inducir o justificar el linchamiento virtual o real de cualquier sospechoso de disidencia u oposición al sistema imperante en América Latina.

Bajo ninguna circunstancia puede permitirse que se censuren los comentarios de los lectores reales o ficticios de los medios de comunicación online; pero la libertad de la Internet presenta el reto de crear una Opinión Pública bien informada, auténtica, reflexiva y crítica, que se aleje de estereotipos, prejuicios y fundamentalismos que tienden a polarizar a las sociedades hasta el borde de las persecuciones políticas y la guerra.

Si no se resuelve este escollo, muy pronto la Internet podría volverse un arma de represión para quienes piensan o viven de manera diferente de las (presuntas) mayorías.

Artículo publicado originalmente en “Anecdotario Periodístico” de Reporteros Sin Fronteras

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Censura Web a la Mexicana

Si un político mexicano ocupa dos veces seguidas un espacio en mis reflexiones críticas sobre el clima de libertad de expresión en la aldea global, definitivamente puede estar en vías convertirse en “suspirante incómodo” de la carrera del cambio presidencial que cada sexenio se adelanta más y más como una consecuencia directamente proporcional a la debilidad política-administrativa de los protagonistas del momento.

Por lo pronto el caso que salta a la vista es el del gobernador príista de Veracruz, Fidel Herrera, quien en plena campaña para la realización de las elecciones intermedias en México, con el apoyo del Instituto Federal Electoral (IFE) y una empresa discográfica, EMI Music, volvió a dar la “nota de color” en materia de libertad de expresión para este blog al imponer la censura en YouTube de una video-parodia de la canción que interpreta Gael García en el filme Rudo y Cursi, que expone al gobernador veracruzano como un funcionario corrupto.

Suponiendo sin conceder, que el video presuntamente anónimo que ya circuló vastamente en la red — y no sólo en YouTube — es un libelo animado para desprestigiar al gobernador de reconocidas aspiraciones presidencialistas, lo coherente hubiese sido que el propio gobernador, o en su defecto, la institución gubernamental veracruzana, presentaran una demanda por difamación contra quien resultara responsable.

El gobierno de Herrera acusa al partido oficial, Acción Nacional, de ser autor intelectual y material de la video-parodia; pero hasta ahora no hay evidencias fehacientes de quién lo hizo. La video-parodia fue bloqueada en YouTube hace varios días. YouTube informó a los visitantes de su sitio web que EMI Music, propietaria de los derechos de la música de Rudo y Cursi había emitido una queja por el uso de la canción sin permiso de los autores.

El IFE, en México, dijo que había solicitado la remoción del video por contravenir la legislación electoral. Sin embargo, como es usual en la red, el video ahora está disponible en cientos de sitios web, alentando una polémica entre los cibernautas, en la que los grandes perdedores políticos han sido Herrera y el IFE, pues sin una orden judicial de por medio que justifique con evidencias la censura de la video-parodia, el gobernador y la institución electoral mexicana han sido equiparados con gobiernos como el chino o los de Cuba, Egipto, Irán, Corea del Norte, Arabia Saudita y otra veintena que espían, censuran y controlan lo que se divulga en la Internet.

Resulta paradójico que en un país que se ufana de haber consolidado una democracia con alternancia partidista, amplio debate público y apertura informativa, las instituciones electorales se pongan al servicio de intereses políticos particulares que, en todo caso, deben dirimirse en una corte como parte de un ejercicio democrático saludable.

Si el gobernador Herrera ha sido difamado, entonces quienes pudieran haber cometido este presunto delito deberían ser sancionados. Pero si quien hizo la video-parodia está narrando hechos que podrían ser reales, entonces también ahí las autoridades mexicanas deben someter a revisión la gestión de Herrera al frente del gobierno de Veracruz y sancionarlo legalmente si fuera necesario o limpiar jurídicamente su reputación política.

A final de cuentas, los cibernautas no son televidentes pasivos, sino que conforman en su mayoría grupos ciudadanos críticos y participativos que han encontrado en la red un modo de hacer democracia a su manera, quizá la más libre posible en más de dos siglos.

Es lo que se prevé será la democracia del siglo XXI y si los políticos mexicanos persisten en trasladar el statu quo censor de la expresión pública (“lo que no se ve no existe”) de la televisión a la Internet, el golpe a la democracia será directo y frontal, con consecuencias impredecibles.

El gobernador Herrera, político hecho a la antigua usanza priísta, tiene por su parte que aprender a aceptar que la democracia se construye con lo que opina ahora, no sólo el “hombre de la calle”, sino los navegantes de la red que analizan, comentan y juzgan los temas que interesan a la sociedad.

Es su responsabilidad como funcionario público demostrar con pruebas que se le está dañando con fines políticos, porque la censura — según se lee en los comentarios de los cibernautas en muchos foros de opinión — deja en la Opinión Pública la idea de que intenta esconder algo.

Artículo publicado originalmente en “Anecdotario Periodístico” de Reporteros Sin Fronteras

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Vera-cruz de Navajas

Hacer seguimiento de la información relacionada con las violaciones a la libertad de expresión y el derecho a la información resulta más difícil de lo que uno pueda imaginarse, porque diariamente hay cientos de casos para ser analizados y monitoreados. Unos son trágicos e indignantes como el reciente asesinato del periodista de la televisión guatemalteca Rolando Santis. Otros, son inquietantes por la carga de censura y discriminación que conllevan, sobre todo si los incidentes están relacionados con figuras de autoridad.

Este ha sido el caso del gobernador del estado mexicano de Veracruz, Fidel Herrera, quien afirmó recientemente que la publicación en los medios de comunicación sobre la violencia contra las mujeres es “apología” de ese delito y, por lo tanto, incitaría a quienes ven, oyen o escuchan las noticias a violentar a las mujeres.

El mandatario estatal incluso invocó una ley local que se refiere al papel de los medios de comunicación para evitar la violencia de género. ¿Qué clase de democracia puede ser la que cree que la “omertà” (término del siglo dieciseis para designar un código de silencio dentro de la Cosa Nostra) es la solución a los males de la sociedad? ¿O es que se pretende aplicar el ridículo principio “new age” de que hay que ignorar algo para que no exista?

Pareciera que el Congreso y el gobierno del estado mexicano de Veracruz han olvidado la diferencia entre periodismo y reality show, al pretender medir con la misma vara a quienes hacen una labor de denuncia social y quienes explotan el morbo que genera la nota roja.

La vida democrática tiene uno de sus pilares en el binomio de libertad de expresión y derecho a la información, y por lo tanto no puede haber más restricciones al respecto que los principios éticos de veracidad y objetividad. Si se demuestra que alguien miente, se le debe sancionar; pero solamente los regímenes totalitarios controlan qué información puede circular y cómo se va a difundir.

Vale aquí recordar que los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez se redujeron significativamente cuando los periodistas -por cierto en su gran mayoría mujeres periodistas de varios países- comenzaron a indagar ahí donde las autoridades judiciales no se atrevían a investigar.

¿Es el silencio el modo veracruzano de fomentar la equidad de género y la dignificación de las mujeres? ¿El silencio fortalece los derechos humanos?

Según el gobernador Herrera, “la divulgación de eventos traumáticos” sirve “sólo como ejemplo para que quienes no los practican los puedan practicar”; pero se le olvida que el único aliciente de la criminalidad es la impunidad y en las sociedades donde las leyes se aplican correctamente y los delitos tienen un castigo, no hay espacio para la ilegalidad.

La paradoja del gobierno y el Congreso veracruzano al emitir su fracción octava del artículo 7 de la “Ley 235” que prohibe la difusión de información relacionada con la violencia de género es en sí misma un acto de violencia de género, pues de manera indirecta impide la denuncia pública de actos violentos en contra de las mujeres.

El gobernador de Veracruz -como dicen los psiquiatras- me retrotrajo a mis tiempos de estudiante universitaria, cuando en una clase de Teorías de los Medios de Comunicación, los estudiantes sostuvimos un debate sobre las violaciones del derecho a la información por parte de quienes tienen en sus manos el deber de informar con la verdad, sean autoridades o sean medios de comunicación. Nosotros mismos etiquetamos las violaciones del derecho a la información como la “Ley de la Cruz de Navajas”, en alusión a aquella canción del grupo español Mecano que refiere textualmente:

“Sobre Mario de bruces tres cruces;
una en la frente, la que más dolió.
Otra en el pecho, la que le mató;
y otra miente en el noticiero…”

Artículo publicado originalmente en “Anecdotario Periodístico” de Reporteros Sin Fronteras

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Australia Bloquea Sitios Web de Minorías

Inquietante, por decir lo menos, resulta la noticia de que el gobierno australiano ha comenzado a bloquear sitios web que no se ajustan a la moral cristiana, en medio de una política poco transparente de combate a la ciber-delincuencia.

Según lo que consignó recientemente una organización no gubernamental denominada Wikileaks, autoridades de la mencionada nación del Pacífico Sur están impidiendo el acceso de los cibernautas locales a sitios que los funcionarios consideran “impropios”, so pretexto de la persecución internacional de delitos como la pornografía infantil y el terrorismo.

El gobierno australiano ha reconocido que, al estilo chino, está exigiendo a los proveedores de servicios de Internet instalar un sofware que permite espiar la cibernavegación de los ciudadanos y bloquear los contenidos de sitios web dentro y fuera del territorio de Australia. Empero, el escándalo internacional se detonó cuando se conoció que el sitio web de una dentista que había sido hackeado meses antes estaba en una lista negra que incluía no sólo a auténticos delincuentes, sino también los websites de organizaciones políticas y relgiosas de minorías, de defensa de la comunidad homosexual e incluso de organizaciones médicas.

Wikileaks y grupos defensores de la libertad de expresión alrededor del mundo cuestionan el método con que se pretenden combatir los ciberdelitos, pues las consideraciones morales de funcionarios, más que un rigor jurídico amenazan no sólo la libertad de expresión de grupos minoritarios e individuos que utilizan la red de redes para comunicar los asuntos de su interés a un público bien identificado, sino que también se atenta contra el derecho a la información, como es el caso de quienes buscan información sobre temas de salud sexual y, a pesar de pagar el servicio de Internet, no pueden navegar en los sitios con contenidos relativos solamente porque las autoridades no establecieron criterios definidos para detectar los verdaderos espacios de criminalidad.

El temor de la sociedad global es que el caso australiano siente precedente y la cibercensura en nombre del combate a la delincuencia se enquiste en otros lugares. Finalmente, el bloqueo de sitios web a los usuarios de los servicios de Internet no resuelve el gravísimo problema de las redes de pornografía infantil que, en realidad están asociadas a redes de trata de personas y que seguirán operando fuera del mundo virtual si no hay un compromiso internacional de desarticulación de mafias que roban a los niños en las calles.

Taparle los ojos a los pervertidos no impedirá que la delincuencia continúe operando y, en cambio, censurar la diversidad de ideas en la red es un mal presagio para las democracias.

Artículo publicado originalmente en “Anecdotario Periodístico” de Reporteros Sin Fronteras

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