El Retador Azteca

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“Si quieren debate, véanlo por Televisa, si no, vean el fútbol por Azteca”, tuiteó el pasado 30 de Abril 2012 el empresario Ricardo Salinas, actual concesionario de la televisora privatizada en 1993 por el presidente mexicano del mismo apellido.

Ricardo Salinas se refería en su cuenta de Twitter a un partido de fútbol que fue programado de último minuto a la misma hora que el debate político entre candidatos a la presidencia de la república, que se planeó desde hace varias semanas con el auspicio del Instituto Federal Electoral (IFE) y que será transmitido el próximo 6 de Mayo 2012 en televisión abierta.

El debate político se verá en dos canales culturales del Estado y tal vez  en uno o dos de la televisión privada, que no son los de mayor audiencia. En cambio, el partido de fútbol se transmitirá en un canal que se capta en todo el territorio nacional e incluso en los Estados Unidos y parte de Centroamérica.

Esto hace prever a más de uno que el partido de fútbol, en domingo y en canal y horario estelares, robaría audiencia al debate político, en particular el segmento apolítico, poco educado e indeciso de la población que quizá podría decidir el resultado de la elección presidencial que se llevará a cabo el 1 de Julio 2012.

Analistas políticos y activistas cívicos coinciden en señalar que la transmisión paralela de un partido de fútbol y del debate de los candidatos presidenciales tiene el propósito deliberado de desviar la atención de los televidentes de lo que habrá de ser la primera presentación pública en televisión abierta, de los aspirantes a la primera magistratura.

Muy cierto; pero… ¿de verdad la transmisión de un partido de fútbol a la misma hora que el debate de los candidatos presidenciales puede afectar el desarrollo del proceso electoral? Yo lo dudo porque esos mismos electores potenciales que se sentarían o se sentarán a ver el partido en lugar de escuchar las propuestas de los presidenciables de seguro apagarían – o apagarán- la televisión si la Secretaría de Gobernación opta por hacer valer el artículo 62 de la Ley de Radio y Televisión que establece que todas las estaciones están obligadas a “encadenarse” para transmisiones trascendentes para la nación.

No me interesa aquí analizar las repercusiones del tan llevado y traído debate de los candidatos presidenciales en el proceso de la jornada electoral, sino reafirmar que la intención es lo que cuenta y que el desafío del empresario Ricardo Salinas Pliego a la de por sí cuestionada autoridad moral del Instituto Federal Electoral (IFE) y a las reglas no escritas de la política mexicana tiene jiribilla, como decían los viejos periodistas.

Salinas Pliego pretende jugar al gran elector, y los periodistas tendremos que indagar quién o quiénes le hacen fantasear con que puede influir en la elección presidencial o quién está patrocinando tan patético reality show, muy al estilo de los que TV Azteca está acostumbrada a producir.

Al cierre de edición, el IFE se había negado a pedir a la Secretaría de Gobernación la cadena nacional del debate, con lo que los consejeros electorales dieron al organismo un balazo en el pie, no obstante que todavía quedaría la prerrogativa política de los estadistas: La Constitución señala claramente que el Estado es el dueño del espacio por el que se transmiten las señales de radio, televisión, telegráfos, internet y en el que vuelan pájaros, aviones, helicópteros y hasta los ovnis; y los programadores de los canales de televisión, como Salinas Pliego, son únicamente permisionarios que deben someterse a las reglas del Estado.

El debate de los candidatos presidenciales no se anticipa relevante. Tres de cuatro no tienen discurso ni plataforma articulados; pero si el régimen de Felipe Calderón se doblega al juego de las venciditas  tuiteras del retador azteca, los grandes perdedores en el largo plazo, irónicamente, serán él mismo, el PAN y su candidata Josefina Vázquez Mota. <<>>
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Dios Mío, Hazme Rubia Por Favor

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Josefina Vázquez MotaNo es un asunto menor que Josefina Vázquez Mota, la única mujer aspirante a la presidencia de la República -quien milita en el gobernante partido de la Derecha,  Acción Nacional- recién haya iniciado una transformación de su imagen física, de cara a la elección del próximo mes de julio 2012, con cirugías plásticas y cremas blanqueadoras de la piel de por medio, sin faltar el nada discreto color rubio cobrizo en el cabello, favorito de las damas de la alta sociedad mexicana, desde hace varias décadas, porque, dicen, las hace verse menos morenas (¿?).

Josefina quiere ser la primera presidenta de México; pero también se esfuerza por dejar atrás su apariencia mestiza, la piel morena con matices amarillos característica de la gente del pueblo, el cabello oscuro y los pómulos redondos: su mexicanidad; para, como decían en la época colonial, pasar por blanca e insertarse con ese nuevo aspecto en el entorno de los líderes internacionales de la era global.

Definitivamente, Josefina no tiene el discreto sex appeal de Cristina Fernández hoy viuda de Kirchner; pero tampoco el carisma natural de Dilma Rousseff. No es una mujer de oratoria y antes de ser funcionaria pública era medianamente conocida por su libro de superación personal titulado “Dios mío, hazme viuda por favor”.

Se nota que Vázquez Mota aprendió en su juventud las artes del arreglo personal en las empresas de cosméticos para la clase media en las que alguna vez laboró. Nada espectacular; pero así era ella y las huestes del Partido Acción Nacional (PAN) la acogieron sin remilgos. ¿Por qué, entonces, ahora quiere negar su esencia mestiza y las raíces indígenas de sus antepasados, para gobernar a más de cien millones de mexicanos con los que comparte su genética? ¿Por qué Josefina Vázquez Mota busca distanciarse étnicamente del pueblo al que aspira gobernar?

Al margen de su trayectoria profesional y su desempeño como funcionaria pública; olvidándonos de los momentos más desafortunados de su campaña electoral, como su entusiasta lapsus linguae de “¡vamos a fortalecer el lavado de dinero!” o el desconcertante “mi Agus ¡vamos a ganar y luego ¿qué vamos a hacer?!”, la Opinión Pública, sobre todo en las redes sociales, ha comenzado a cuestionar la transformación física de Josefina Vázquez Mota en su significado político más elemental: ¿A quién gobierna una persona que no se siente cómoda con identidad étnica y su apariencia, y se esfuerza en parecer lo que no es?

En el inconsciente colectivo de los mexicanos, las personas de piel blanca y cabello rubio son güerosgringos,  término que originalmente designaba a los soldados estadounidenses que invadieron el país de 1846 a 1848; pero que en el habla popular, desde entonces, también se extiende a cualquier extranjero blanco, rico y poderoso.

JVMAsí, querer ser güero (o güera) tiene una connotación aspiracional en la lucha de clases nacional, transmutada en racismo, que se refiere al mismo tiempo al intento por integrarse a los grupos sociales poderosos y al rechazo a los orígenes étnicos de las clases trabajadoras, compuestas historicamente por indígenas, afro-mexicanos y mestizos. Y es dentro de este marco conceptual que el cambio de imagen de Vázquez Mota resulta chocante para un amplio sector de la población. No sólo por lo que simboliza en términos psicosociales, sino porque perfila a una mujer que no se acepta a sí misma frente al espejo.

Parece que los asesores de imagen de Vázquez Mota buscan la complacencia de aquellos a quienes la candidata presidencial pretende igualarse en el Poder: los güeros, los gringos ricos y poderosos. Por lo menos, ésa es la señal política que envía al electorado y que podría ser factor de derrota en las urnas, en una época en la que las promesas no bastan para convencer a los votantes. <<>>
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2012: De la Dictadura Perfecta al Gatopardismo Obsoleto

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La cuenta regresiva para la sucesión presidencial en México ya empezó y los votantes de un proceso electoral que habrá de darse al término de un gobierno de legitimidad cuestionada a pesar de su origen en la joven “alternancia” democrática, debaten a últimas fechas en redes sociales y charlas de café si luego de doce años de haber echado al PRI (Partido Revolucionario Institucional) de Los Pinos, tras 70 años de permanencia, el país dejó de ser la dictadura perfecta y se puede hablar de que sus ciudadanos vivan una democracia que, si bien imperfecta, puede garantizar un reparto equitativo del poder político y su consecuente desarrollo socioeconómico de la población.

El temor de los votantes a que la guerra contra el “crimen organizado” emprendida por el actual mandatario, Felipe Calderón, contamine la batalla política es algo que inquieta a muchos. Los escenarios son diversos y algunos francamente apocalípticos. La tentación electoral de regresar al establishment corrupto, pero seguro -previo a la alternancia democrática- está latente y la intención del derechista Partido Acción Nacional (PAN) de aferrarse a la estructura Estatal para imponer su visión prerrevolucionaria al país parece más que evidente… ¿Es ésta la democracia con la que soñaban los mexicanos hace casi 45 años durante el primer gran movimiento ciudadano contemporáneo, de los estudiantes, en 1968?

Sin duda, sólo los beneficiarios de un entorno de miedo y estancamiento social (si no es que franco retroceso) pueden estar de acuerdo con los saldos de las políticas derivadas del gatopardismo padecido en México durante los últimos doce años. Únicamente los beneficiarios del gatopardismo pueden afirmar que el sistema político mexicano es en la “alternancia” una democracia y no un mero artificio electoral, rebasado por el activismo ciudadano que tiene en la Internet un nuevo código de comunicación política.

En menos de dos décadas, la partitocracia mexicana se anquilosó como opción democrática y se convirtió en estratagema discursiva que busca distraer a la sociedad civil sobre el verdadero reparto del poder en el país; y en este contexto, la guerra contra el narco se vuelve cortina de humo para justificar ante el mundo los ajustes de cuentas entre grupos de poder derivados de la corrupción. El PAN gobernante no tiene más que el nombre de lo que fue el principal partido opositor del PRI hasta la década de los ochentas.

En el proceso de “transición democrática” en 2000 se dio una desbandada de priístas de la peor reputación al PAN, algunos identificados desde los años 70s con grupos narcotraficantes. Los líderes panistas de viejo cuño, que eran empresarios católicos moderados, han ido muriendo, ya sea en accidentes o por enfermedades inexplicables, y sus lugares, ocupados por gente de sectas ultraderechistas que tienen dos misiones básicas: Una, imponer un régimen a modo, afín a los intereses de la oligarquía global (banqueros y petroleras principalmente) que no se pudo concretar con el PRI porque el régimen post-revolucionario generó sus propios dividendos políticos.

La otra, aparentemente, sería según lo documentado en diversas investigaciones periodísticas ya conocidas, devolver a un grupo original de poder fáctico, el control del negocio de las actividades ilícitas, luego de que literalmente, los enanos les crecieron a los jefes de las mafias y quisieron “independizarse” dentro del contexto de esa transición política.

¡En fin! El sistema político mexicano es corrupto desde su origen (hay que leer la historia de Juan Nepomuceno Guerra, prominente padrino narcopolítico de los años 30 para entender esto); sin embargo, las evidencias apuntan a que los grupos de poder enquistados en el PAN no son menos corruptos que los priístas, lamentablemente. Y de la Izquierda institucional, dominada desde hace más de veinte años por ex-priístas, no se puede hablar porque sus opositores no le han dejado gobernar.

Así, las próximas elecciones no se perciben como un ejercicio democrático de múltiples opciones, sino como el cumplimiento del rito gatopardista de un sistema político obsoleto, literalmente “pan con lo mismo”, cuyo eventual derrumbe puede ser muy costoso para la nación, si no se busca una auténtica transición a un modelo abierto de democracia, acorde a la vida de la aldea global del siglo XXI. <<>>

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Modus Operandi en Pueblo Chico

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Eran alrededor de las dos de la tarde del 26 de Diciembre 2011 cuando entré a la Bodega Aurrerá Xochimilco y me dirigí al mostrador de atención a clientes para cobrar un dinero que me enviaron de los Estados Unidos a través de MoneyGram. No era la primera vez y aunque las empleadas del establecimiento de repente hacen cosas raras como recolectar el dinero de los pagos de MoneyGram de las cajas registradoras o pagar cantidades importantes en billetes de baja denominación y monedas, siempre había pensado que todo entra dentro de lo folclórico de la tienda, cuya clientela es mayoritariamente semi-urbana e hipotéticamente de escasos recursos. Así que en ningún momento lo he considerado un lugar inseguro.

Hoy, como en otras ocasiones, me formé en la línea de espera de atención a clientes y cuando me tocó mi turno, le dije a la empleada que iba a cobrar un dinero de MoneyGram. Le di un papel con el número de referencia y mi identificación oficial. La empleada se fue a la computadora para buscar la transacción, cuando de improviso llegó de la calle una mujer gritando que la empleada de Bodega Aurrerá le había dado su dinero MoneyGram incompleto.

En ese momento, la mujer que estaba formada detrás de mi en la fila me preguntó que si le podía decir de qué talla era su pantalón para cambiar algo que había comprado. Se me hizo extraña esa petición; pero bajé la vista para checar la etiqueta del pantalón y rápidamente regresé a la escena de las mujeres que estaban discutiendo porque la recién llegada decía que la empleada le había robado parte de su dinero. En ese momento vi con sorpresa que la empleada entregaba a la mujer que venía de la calle mi identificación oficial y el papel con el número de mi transacción.

La presunta clienta que llegó de la calle tomó con naturalidad mis documentos y cuando estaba a punto de embolsárselos, le reclamé y, desafiante, le dije que los documentos que tenía eran míos y que me los devolviera. La mujer me dijo que la empleada le había robado dinero al cobrar en MoneyGram y eso la había trastornado. Le arrebaté mi documento de identidad y el papel con los datos de la transacción, mientras la supuesta clienta se daba la vuelta para salir del establecimiento comercial, a pesar de que insistió en que le faltaba dinero y la empleada aseguraba que le había entregado todo lo que debía cobrar.

Yo reclamé a la empleada de Bodega Aurrerá que sin más le hubiese entregado mis documentos a la mujer que vino de fuera, si estaba atendiéndome a mí; le dije que pusiera atención a su trabajo y le pedí su nombre. Sin embargo ignoró mis comentarios y se limitó a responderme que estaba nerviosa porque manejaba dinero y que no podia ocuparse de todo (¿?).

Alegué que yo había llegado desde antes que la supuesta clienta quejosa, solicitando la entrega de mi dinero y ella había dejado todo por atender a la mujer que se había colado a la fila y que, además, no tenía sentido ni había motivos para que entregara mis documentos a una persona extraña. Le pedí nuevamente mi dinero y me dijo de mala gana que no me lo iba a dar porque la persona que me envió el dinero desde Estados Unidos sólo registró mi apellido paterno y que mi identificación oficial tenía dos apellidos. Le comenté que anteriormente había cobrado dinero sin mayor problema; empero ella fue tajante y me dijo que debía pedir a la persona que me enviaba el dinero que corrigiera mi nombre para que coincidiera exactamente con mi identificación oficial, la cual tuve que arrebatarle porque mientras hablaba conmigo jugueteaba con ella, como un mago ilusionista que está a punto de desaparecer una carta debajo de la manga.

Mientras escribo esto recuerdo que perdí de vista a la mujer que me preguntó sobre la talla de su pantalón y creo que ella pudo ser una tercera en acción concertada para un intento de robo.

Quise hablar con el gerente de la tienda, que según me informaron, se llama Roberto Pérez. Sin embargo, el sujeto nunca apareció para atender mi reclamo, a pesar de que la jefa de seguridad de la entrada de personal lo voceó durante más de diez minutos a través de un radiolocalizador y por un micrófono, luego de que le expliqué cuál era el asunto que quería reportar.

Para ese momento yo estaba ya convencida de que la empleada y las dos presuntas clientas a mi alrededor estaban coludidas para robar mis documentos y cobrar mi dinero. No quiero imaginar si el gerente a esa hora sabía del incidente y por eso se negó a dar la cara.

Dado que no se consumó el delito de robo de mis documentos, no fui a levantar la denuncia al Ministerio Público; pero sí envié ya una nota de reclamo tanto a Walmart de México, consorcio propietario de Bodega Aurrerá, como a MoneyGram, empresa que confía sus transacciones de envíos de dinero a Bodega Aurrerá, para que investiguen a la empleada y a posibles cómplices, incluyendo al gerente; que podrían tener su modus operandi para despojar a quienes cobran remesas en esa zona de la Ciudad de México.

Por lo pronto, yo no volveré a la tiendita de la Mamá Lucha para cobrar mi lana MoneyGram, pues con una vez basta si la intención es lo que cuenta. <<>>

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Promesas Rotas

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Cuentan los que saben, que el poeta y periodista Javier Sicilia, cuyo hijo fue asesinado a principios de este año en circunstancias todavía no aclaradas, y esta circunstancia lo llevó a encabezar un movimiento por el retorno a la paz cívica en México, quebrantada por una política gubernamental de exterminio del narcotráfico y otros delitos asociados a esa industria ilegal, pidió al presidente Felipe Calderón un diálogo en el que no estuviera presente el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna.

García Luna, antiguo agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), principal agencia de espionaje del gobierno mexicano, que desde finales de los noventas tuvo un ascenso vertiginoso en el ámbito policíaco federal, ha sido acusado en reiteradas ocasiones de mantener un doble juego, por el que, presuntamente, estaría utilizando el presupuesto público de Seguridad Pública, no para combatir a la llamada “delincuencia organizada”, sino para eliminar a los competidores de un nebuloso cártel delictivo “oficial” al que, en el mejor de los casos, le estaría brindando protección.

Y en este tenor se acusa a García Luna de dejar que sus muchachos, los policías federales, en nombre de la lucha contra el narco, cometan tropelías y graves violaciones a los derechos de la ciudadanía a la que se supone están para proteger.

Ante la duda y la sospecha, o ante acusaciones directas de víctimas de la lucha contra el narcotráfico en el grupo de ciudadanos encabezados por Sicilia, se solicitó al presidente Calderón una conversación en la que no estuviera presente el secretario García Luna; pero la petición, tal vez exigencia, de los participantes del diálogo contra la violencia, no se cumplió.

No obstante, Calderón escuchó y aunque es probable que no tome en cuenta los reclamos ciudadanos, por lo menos las víctimas representadas por Sicilia y las decenas que lo acompañaron a levantar su voz en el Castillo de Chapultepec estuvieron presentes (entiendo que el presidente tampoco cumplió con la solicitud de que se hiciera en el Museo Nacional de Antropología e Historia, un lugar más abierto y neutral, por decirlo de algún modo).

Empero, soy pesimista con respecto a la capacidad de diálogo del presidente Calderón, cuando debe enfrentar desacuerdos o, por lo menos, cuestionamientos sobre sus acciones políticas o de administración pública. En alguna ocasión, cuando Calderón era líder de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso, le solicité una entrevista para que fijara las estrategias de largo plazo de su partido sobre una eventual transnacionalización del sector energético mexicano. Con el pretexto de que a las pocas semanas dejó su curul para convertirse en director de Banobras y luego secretario de Energía, no se concretó el encuentro que requería la visión del legislador panista sobre asuntos importantes de la agenda nacional. Desde entonces, cada una o dos semanas lo buscaba con la vocacón religiosa de quien espera un milagro, el milagro de obtener declaraciones sobre la privatización del sector energético a través del esquema de subcontrataciones y otros resquicios legaloides que amenazaban con desmantelar fuentes primarias de ingresos de México.

Sólo cuando Calderón era candidato a la presidencia, conseguí que enviara a su asesor económico Ernesto Cordero a dialogar conmigo; pero aún sigo esperando las respuestas de Calderón sobre el sector energético y las políticas laboral y hacendaria para mis lectores, en su mayoría pequeños empresarios, inversionistas y profesionistas independientes hispanoamericanos que siempre tienen puestos los ojos en lo que acontece en México, ombligo del mundo, para sus proyectos de vida y de negocios.

Sé que mis lectores mexicanos le han concedido a Felipe Calderón, durante casi cinco años, el beneficio de la duda en cuanto a la legitimidad de su gobierno y, habiendo votado por él o no, le han dejado actuar en la esperanza de que el país logre remontar las crisis perpetuas de desarrollo que han empobrecido a la nación en todos los sentidos; sin embargo, al discurso reciclado recurrente del mandatario y sus funcionarios que contrasta con la realidad socioeconómica de los ciudadanos -emprendedores y trabajadores por igual- ahora se agregan las ominosas promesas rotas de una paz próspera y justa.

Desafortunadamente yo no creo que Felipe Calderón vaya a dar una respuesta satisfactoria a las víctimas de su lucha contra el narcotráfico porque no fueron ellas las que lo llevaron a la presidencia de la república. Él, como todo político alineado al establishment, se guía por el mantra de que “la intención es lo que cuenta” y en el saldo final de su sexenio rojo, que sirve de parapeto al desmantelamiento del Estado y sus principales recursos operativos (sector energético y laboral en primera instancia), dirá que hizo su mejor esfuerzo y que se atendrá al juicio de la Historia, pues, ¡qué más! la (buena) intención es lo que cuenta siempre. <<>>

 

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México: Pre-justicia e Intervencionismo

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México se asfixia en la pre-justicia que mina al Estado de Derecho, de tal modo que su soberanía y viabilidad como nación independiente están en riesgo. No hay exageración y para muestra basta lo siguiente: El mismo día en que se presentó en México un documental llamado “Presunto Culpable”, dirigido por Roberto Hernández, que pone el dedo en la llaga de la impartición de justicia en el país, volvió a los reflectores mediáticos el caso de la francesa Florence Cassez, acusada de participar en una banda de secuestradores, a quien se le negó definitivamente un amparo para purgar su condena de 60 años en alguna cárcel de su propio país.

Apenas conocida la negación de la repatriación de Cassez, la ministra de Relaciones Exteriores de Francia, Michèle Alliot-Marie, advirtió que esto “afectará las relaciones bilaterales con México” y de inmediato comenzaron las presiones contra la administración del presidente Felipe Calderón, con el boicot de algunos eventos que se realizarían a lo largo de 2011 en territorio francés para estrechar las relaciones culturales y comerciales francomexicanas, aunque especialistas consultados afirman que el asunto podría escalar, dado el temple de la canciller francesa, hoy famosa por haber sobrevolado el territorio tunecino en un avión privado mientras una revuelta popular derrocaba al ex presidente Zine El Abidine Ben Ali en Enero pasado.

La coincidencia de los dos eventos: la presentación del documental y la batalla de la cancillería francesa por la repatriación de Cassez como víctima de la injusticia en un “sistema penal corrupto”, converge en un alegato que se prevé de grandes repercusiones para el Estado Mexicano y mina los cimientos de su sistema judicial, además de restar valor a la razón de ser de la actual administración del presidente Felipe Calderón: el combate a la delincuencia, que “organizada” o no, presumiblemente ha asentado su reino en el territorio nacional a la sombra de la corrupción en las instituciones.

Enfatizo que todo es presumiblemente porque el documental antes citado narra el caso de un joven acusado falsamente de homicidio y condenado a veinte años de cárcel; pero que gracias a los creadores del documental, estudiantes de Derecho, fue exculpado y liberado al demostrarse su inocencia. Y es a esta misma línea argumental a la que recurre el gobierno de Francia en la búsqueda de la repatriación de su ciudadana Florence Cassez, todo porque hay indicios de que su presentación pública después de que fue detenida, fue un montaje para la televisión, aunque desde el punto de vista jurídico esto no modificaría la investigación y el proceso judicial que la han llevado a la cárcel.

Es bien sabido que en México hay decenas o quizá centenas de historias de juicios torcidos, lo que es extremadamente grave. Sin embargo, no hay información fidedigna que permita establecer qué porcentaje de casos revisados por el Poder Judicial presentan irregularidades de tal magnitud que echen por tierra la validez de los procesos ni las sentencias y cuál es el nivel real de permeabilidad judicial a la corrupción.

No obstante, la imagen pútrida de la impartición de la justicia en México, a partir de casos individuales magnificados por los medios de comunicación, es un hecho; y los ciudadanos no tenemos los elementos para determinar si son norma o excepción porque se ha llegado al punto de la duda absoluta y quizá razonable debido a que las instituciones del Estado, desde las fiscalías hasta los jueces, manejan tanto la información pública de los casos como de su propio trabajo jurídico sin reglas éticas y de transparencia definidas.

Esto hace que cualquier persona o entidad, sean particulares, medios de comunicación, partidos, grupos de poder o incluso gobiernos extranjeros, puedan atribuirse el derecho de acceder a la información de los casos y utilizarla de acuerdo con sus intereses, en una suerte de pre-justicia por la cual quienes manipulan la información dictan sentencias antes que lo hagan los jueces por la vía legal.

Vale mencionar que Florence Cassez, estando sentenciada por las leyes mexicanas como secuestradora y torturadora, tiene un sitio oficial y una cuenta de Twitter, patrocinados desde Francia por una denominada ”Asociación Florence Inocente” que, evidentemente tiene el objetivo de inflamar el espíritu patrótico de los franceses con el lema del caso Cassez: “Su liberación es una causa nacional”, aunque de paso exhibe a las instituciones judiciales mexicanas como fábrica de criminales inocentes y a México como un país que no respeta garantías individuales ni convenciones internacionales, luego de la fallida invocación del gobierno francés al Convenio de Estrasburgo, relacionado con la transferencia de personas sentenciadas.

¿No es acaso un delito que un delincuente sentenciado por un crimen gravísimo como el secuestro pueda hacerse promoción mediática para revertir la decisión de un juez, sin seguir el procedimiento judicial para apelaciones, que corresponde en el marco legal?

Por supuesto, casos como el presentado por el documental “Presunto Culpable” o la polémica binacional desatada sobre el de Florence Cassez, demuestran que la impartición de la justicia en México requiere urgentemente de una reforma que permita procesos expeditos y transparentes desde el momento en que se inicia la investigación de un delito para que al detenerse a un presunto criminal, no haya duda de su participación en los delitos que se le imputen y los jueces tengan los elementos para emitir sus sentencias. Y no sólo por la aberración que implica cualquier tipo de injusticia, sino también porque cada vez es más común en México que, invocando la democracia y los derechos humanos, la impartición de justicia se politice o, peor aún, se mediatice, induciendo a la Opinión Pública a se convierta en juez a priori, lo que deriva inevitablemente en que el Estado de Derecho se deteriore con cada sentencia que se dicta bajo duda o sospecha.

El sistema judicial mexicano está indefenso frente a la pre-justicia que pretenden aplicar quienes manipulan la información relacionada con los delitos y sus presuntos protagonistas, lo que resulta ser caldo de cultivo idóneo para que cualquier grupo de poder, legal o ilegal, interno o externo, aseste en cualquier momento un golpe de timón contra el gobierno federal o los gobiernos estatales y locales, incluso con mentiras.

Especialistas en temas jurídicos dicen que, en el mejor de los casos, el vedettismo de funcionarios públicos que pretenden demostrar que son eficientes, los lleva a cometer pifias que socavan la credibilidad y el control institucional de la impartición de justicia. En el peor, la honestidad de los funcionarios está en entredicho.

Las deficiencias en la impartición de justicia en México podrían ser un pretexto para que Francia, Estados Unidos o las propias mafias decidieran intervenir en cualquier momento para “poner orden” en territorio mexicano, en defensa de sus intereses particulares. Así de grave. <<>>

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Mal Empieza la Semana Aquél al que Ejecutan en Lunes…

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Al menos eso dicen en mi pueblo. Y cuenta la leyenda que el mejor alcalde del mundo se creyó las palabras aduladoras del espejo mágico de Blanca Nieves y no resistió que un periodista cuestionara sus políticas sobre comunicaciones y transportes en la caótica capital mexicana.

El periodista, de nombre Andrés Lajous, criticó en el diario local El Universal el doble rasero de algunas políticas de Marcelo Ebrard, jefe del Gobierno del Distrito Federal, quien en la Aldea Global se promueve como eco-gobernante que viaja en bicicleta, cuando que en casa tumba reservas ecológicas para que los ricos se trasladen rápida y cómodamente en sus vehículos de emisiones CO2.

La leyenda plasmada en el timeline de Twitter, el chismógrafo online de mayor éxito en 2010, narra que Ebrard tiene como asistentes a un par de tontos con suerte (no sabemos aún si buena o mala), que aseguran haber estudiado en una institución académica que no existe -eso sí imaginariamente ubicada dentro de la UNAM- los cuales, queriéndose pasar en bluffeo, hicieron pública la supuesta satisfacción del “jefe” por ataques verbales que presuntamente propinaron al periodista en la web.

Mal empezó el año el mejor alcalde del mundo cuando confió en su vocero y un asesor que dizque tomó un curso de buenos modales o algo así en Cambridge para twittear: “PASE DE MIL, PASE DE MIL SEGUIDORES. TURURURUU. VAYA FORMA DE EMPEZAR EL 2011. !!!” (sic), sin darse cuenta de que los bonzos políticos, además de ser una diversión soez para las multitudes, atraen a depredadores, espías, mercadotécnicos y toda clase de fauna que analiza y procesa la información que se genera al interior de los grupos que rodean la gente de poder.

A Marcelo Ebrard lo ejecutarán políticamente el 3 de Enero 2011 porque rentó un par de malos patiños en lugar de estrategas de comunicación política con capacidad de construirle una imagen pulcra entre sus eventuales electores y, por lo menos entre la clase media intelectual que ronda Twitter, que tiene un nada despreciable poder de resonancia social, quedó como un político intolerante a la crítica periodística y un autócrata en potencia al que tendríamos que creerle menos de la mitad de lo que diga de ahora en adelante, en su ya de por sí accidentada carrera por la presidencia de la República.

Pero el daño a la carrera política de Ebrard gracias al fuego amigo de sus ayudantes no para ahí, porque el mensaje que contiene el juego twittero en la construcción (o destrucción) de una imagen pública también evidencia cómo se está haciendo uso de los recursos públicos, de los impuestos que pagan los ciudadanos por la marcha, en este caso de la ciudad, y qué se puede esperar si se sigue apoyando a un político que quizá tenga muchas virtudes, pero no la de comunicar de manera adecuada sus proyectos de gobierno para convencer a la ciudadanía, por la vía de la razón, de que sus decisiones realmente son benéficas para las mayorías.

En México cualquiera dice que sabe manejar redes sociales; pero lo cierto es que los que se dicen expertos y quieren dorarle la píldora a quienes desconocen el ciberespacio no han leído a los teóricos de la comunicación ni han estudiado técnicas efectivas de e-marketing, que son las bases de la “nueva” comunicación política y de la democracia del siglo XXI. Así, Ebrard y muchos otros suspirantes del poder, en México y en otros lugares también, estarán cavando sus tumbas electorales si no aprenden a aplicar las reglas básicas de las teorías políticas y sociales a las tecnologías de la información, que por cierto, se usan exitosamente en otras regiones del mundo. <<>>