El Retador Azteca

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“Si quieren debate, véanlo por Televisa, si no, vean el fútbol por Azteca”, tuiteó el pasado 30 de Abril 2012 el empresario Ricardo Salinas, actual concesionario de la televisora privatizada en 1993 por el presidente mexicano del mismo apellido.

Ricardo Salinas se refería en su cuenta de Twitter a un partido de fútbol que fue programado de último minuto a la misma hora que el debate político entre candidatos a la presidencia de la república, que se planeó desde hace varias semanas con el auspicio del Instituto Federal Electoral (IFE) y que será transmitido el próximo 6 de Mayo 2012 en televisión abierta.

El debate político se verá en dos canales culturales del Estado y tal vez  en uno o dos de la televisión privada, que no son los de mayor audiencia. En cambio, el partido de fútbol se transmitirá en un canal que se capta en todo el territorio nacional e incluso en los Estados Unidos y parte de Centroamérica.

Esto hace prever a más de uno que el partido de fútbol, en domingo y en canal y horario estelares, robaría audiencia al debate político, en particular el segmento apolítico, poco educado e indeciso de la población que quizá podría decidir el resultado de la elección presidencial que se llevará a cabo el 1 de Julio 2012.

Analistas políticos y activistas cívicos coinciden en señalar que la transmisión paralela de un partido de fútbol y del debate de los candidatos presidenciales tiene el propósito deliberado de desviar la atención de los televidentes de lo que habrá de ser la primera presentación pública en televisión abierta, de los aspirantes a la primera magistratura.

Muy cierto; pero… ¿de verdad la transmisión de un partido de fútbol a la misma hora que el debate de los candidatos presidenciales puede afectar el desarrollo del proceso electoral? Yo lo dudo porque esos mismos electores potenciales que se sentarían o se sentarán a ver el partido en lugar de escuchar las propuestas de los presidenciables de seguro apagarían – o apagarán- la televisión si la Secretaría de Gobernación opta por hacer valer el artículo 62 de la Ley de Radio y Televisión que establece que todas las estaciones están obligadas a “encadenarse” para transmisiones trascendentes para la nación.

No me interesa aquí analizar las repercusiones del tan llevado y traído debate de los candidatos presidenciales en el proceso de la jornada electoral, sino reafirmar que la intención es lo que cuenta y que el desafío del empresario Ricardo Salinas Pliego a la de por sí cuestionada autoridad moral del Instituto Federal Electoral (IFE) y a las reglas no escritas de la política mexicana tiene jiribilla, como decían los viejos periodistas.

Salinas Pliego pretende jugar al gran elector, y los periodistas tendremos que indagar quién o quiénes le hacen fantasear con que puede influir en la elección presidencial o quién está patrocinando tan patético reality show, muy al estilo de los que TV Azteca está acostumbrada a producir.

Al cierre de edición, el IFE se había negado a pedir a la Secretaría de Gobernación la cadena nacional del debate, con lo que los consejeros electorales dieron al organismo un balazo en el pie, no obstante que todavía quedaría la prerrogativa política de los estadistas: La Constitución señala claramente que el Estado es el dueño del espacio por el que se transmiten las señales de radio, televisión, telegráfos, internet y en el que vuelan pájaros, aviones, helicópteros y hasta los ovnis; y los programadores de los canales de televisión, como Salinas Pliego, son únicamente permisionarios que deben someterse a las reglas del Estado.

El debate de los candidatos presidenciales no se anticipa relevante. Tres de cuatro no tienen discurso ni plataforma articulados; pero si el régimen de Felipe Calderón se doblega al juego de las venciditas  tuiteras del retador azteca, los grandes perdedores en el largo plazo, irónicamente, serán él mismo, el PAN y su candidata Josefina Vázquez Mota. <<>>
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México: Pre-justicia e Intervencionismo

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México se asfixia en la pre-justicia que mina al Estado de Derecho, de tal modo que su soberanía y viabilidad como nación independiente están en riesgo. No hay exageración y para muestra basta lo siguiente: El mismo día en que se presentó en México un documental llamado “Presunto Culpable”, dirigido por Roberto Hernández, que pone el dedo en la llaga de la impartición de justicia en el país, volvió a los reflectores mediáticos el caso de la francesa Florence Cassez, acusada de participar en una banda de secuestradores, a quien se le negó definitivamente un amparo para purgar su condena de 60 años en alguna cárcel de su propio país.

Apenas conocida la negación de la repatriación de Cassez, la ministra de Relaciones Exteriores de Francia, Michèle Alliot-Marie, advirtió que esto “afectará las relaciones bilaterales con México” y de inmediato comenzaron las presiones contra la administración del presidente Felipe Calderón, con el boicot de algunos eventos que se realizarían a lo largo de 2011 en territorio francés para estrechar las relaciones culturales y comerciales francomexicanas, aunque especialistas consultados afirman que el asunto podría escalar, dado el temple de la canciller francesa, hoy famosa por haber sobrevolado el territorio tunecino en un avión privado mientras una revuelta popular derrocaba al ex presidente Zine El Abidine Ben Ali en Enero pasado.

La coincidencia de los dos eventos: la presentación del documental y la batalla de la cancillería francesa por la repatriación de Cassez como víctima de la injusticia en un “sistema penal corrupto”, converge en un alegato que se prevé de grandes repercusiones para el Estado Mexicano y mina los cimientos de su sistema judicial, además de restar valor a la razón de ser de la actual administración del presidente Felipe Calderón: el combate a la delincuencia, que “organizada” o no, presumiblemente ha asentado su reino en el territorio nacional a la sombra de la corrupción en las instituciones.

Enfatizo que todo es presumiblemente porque el documental antes citado narra el caso de un joven acusado falsamente de homicidio y condenado a veinte años de cárcel; pero que gracias a los creadores del documental, estudiantes de Derecho, fue exculpado y liberado al demostrarse su inocencia. Y es a esta misma línea argumental a la que recurre el gobierno de Francia en la búsqueda de la repatriación de su ciudadana Florence Cassez, todo porque hay indicios de que su presentación pública después de que fue detenida, fue un montaje para la televisión, aunque desde el punto de vista jurídico esto no modificaría la investigación y el proceso judicial que la han llevado a la cárcel.

Es bien sabido que en México hay decenas o quizá centenas de historias de juicios torcidos, lo que es extremadamente grave. Sin embargo, no hay información fidedigna que permita establecer qué porcentaje de casos revisados por el Poder Judicial presentan irregularidades de tal magnitud que echen por tierra la validez de los procesos ni las sentencias y cuál es el nivel real de permeabilidad judicial a la corrupción.

No obstante, la imagen pútrida de la impartición de la justicia en México, a partir de casos individuales magnificados por los medios de comunicación, es un hecho; y los ciudadanos no tenemos los elementos para determinar si son norma o excepción porque se ha llegado al punto de la duda absoluta y quizá razonable debido a que las instituciones del Estado, desde las fiscalías hasta los jueces, manejan tanto la información pública de los casos como de su propio trabajo jurídico sin reglas éticas y de transparencia definidas.

Esto hace que cualquier persona o entidad, sean particulares, medios de comunicación, partidos, grupos de poder o incluso gobiernos extranjeros, puedan atribuirse el derecho de acceder a la información de los casos y utilizarla de acuerdo con sus intereses, en una suerte de pre-justicia por la cual quienes manipulan la información dictan sentencias antes que lo hagan los jueces por la vía legal.

Vale mencionar que Florence Cassez, estando sentenciada por las leyes mexicanas como secuestradora y torturadora, tiene un sitio oficial y una cuenta de Twitter, patrocinados desde Francia por una denominada ”Asociación Florence Inocente” que, evidentemente tiene el objetivo de inflamar el espíritu patrótico de los franceses con el lema del caso Cassez: “Su liberación es una causa nacional”, aunque de paso exhibe a las instituciones judiciales mexicanas como fábrica de criminales inocentes y a México como un país que no respeta garantías individuales ni convenciones internacionales, luego de la fallida invocación del gobierno francés al Convenio de Estrasburgo, relacionado con la transferencia de personas sentenciadas.

¿No es acaso un delito que un delincuente sentenciado por un crimen gravísimo como el secuestro pueda hacerse promoción mediática para revertir la decisión de un juez, sin seguir el procedimiento judicial para apelaciones, que corresponde en el marco legal?

Por supuesto, casos como el presentado por el documental “Presunto Culpable” o la polémica binacional desatada sobre el de Florence Cassez, demuestran que la impartición de la justicia en México requiere urgentemente de una reforma que permita procesos expeditos y transparentes desde el momento en que se inicia la investigación de un delito para que al detenerse a un presunto criminal, no haya duda de su participación en los delitos que se le imputen y los jueces tengan los elementos para emitir sus sentencias. Y no sólo por la aberración que implica cualquier tipo de injusticia, sino también porque cada vez es más común en México que, invocando la democracia y los derechos humanos, la impartición de justicia se politice o, peor aún, se mediatice, induciendo a la Opinión Pública a se convierta en juez a priori, lo que deriva inevitablemente en que el Estado de Derecho se deteriore con cada sentencia que se dicta bajo duda o sospecha.

El sistema judicial mexicano está indefenso frente a la pre-justicia que pretenden aplicar quienes manipulan la información relacionada con los delitos y sus presuntos protagonistas, lo que resulta ser caldo de cultivo idóneo para que cualquier grupo de poder, legal o ilegal, interno o externo, aseste en cualquier momento un golpe de timón contra el gobierno federal o los gobiernos estatales y locales, incluso con mentiras.

Especialistas en temas jurídicos dicen que, en el mejor de los casos, el vedettismo de funcionarios públicos que pretenden demostrar que son eficientes, los lleva a cometer pifias que socavan la credibilidad y el control institucional de la impartición de justicia. En el peor, la honestidad de los funcionarios está en entredicho.

Las deficiencias en la impartición de justicia en México podrían ser un pretexto para que Francia, Estados Unidos o las propias mafias decidieran intervenir en cualquier momento para “poner orden” en territorio mexicano, en defensa de sus intereses particulares. Así de grave. <<>>

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Mal Empieza la Semana Aquél al que Ejecutan en Lunes…

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Al menos eso dicen en mi pueblo. Y cuenta la leyenda que el mejor alcalde del mundo se creyó las palabras aduladoras del espejo mágico de Blanca Nieves y no resistió que un periodista cuestionara sus políticas sobre comunicaciones y transportes en la caótica capital mexicana.

El periodista, de nombre Andrés Lajous, criticó en el diario local El Universal el doble rasero de algunas políticas de Marcelo Ebrard, jefe del Gobierno del Distrito Federal, quien en la Aldea Global se promueve como eco-gobernante que viaja en bicicleta, cuando que en casa tumba reservas ecológicas para que los ricos se trasladen rápida y cómodamente en sus vehículos de emisiones CO2.

La leyenda plasmada en el timeline de Twitter, el chismógrafo online de mayor éxito en 2010, narra que Ebrard tiene como asistentes a un par de tontos con suerte (no sabemos aún si buena o mala), que aseguran haber estudiado en una institución académica que no existe -eso sí imaginariamente ubicada dentro de la UNAM- los cuales, queriéndose pasar en bluffeo, hicieron pública la supuesta satisfacción del “jefe” por ataques verbales que presuntamente propinaron al periodista en la web.

Mal empezó el año el mejor alcalde del mundo cuando confió en su vocero y un asesor que dizque tomó un curso de buenos modales o algo así en Cambridge para twittear: “PASE DE MIL, PASE DE MIL SEGUIDORES. TURURURUU. VAYA FORMA DE EMPEZAR EL 2011. !!!” (sic), sin darse cuenta de que los bonzos políticos, además de ser una diversión soez para las multitudes, atraen a depredadores, espías, mercadotécnicos y toda clase de fauna que analiza y procesa la información que se genera al interior de los grupos que rodean la gente de poder.

A Marcelo Ebrard lo ejecutarán políticamente el 3 de Enero 2011 porque rentó un par de malos patiños en lugar de estrategas de comunicación política con capacidad de construirle una imagen pulcra entre sus eventuales electores y, por lo menos entre la clase media intelectual que ronda Twitter, que tiene un nada despreciable poder de resonancia social, quedó como un político intolerante a la crítica periodística y un autócrata en potencia al que tendríamos que creerle menos de la mitad de lo que diga de ahora en adelante, en su ya de por sí accidentada carrera por la presidencia de la República.

Pero el daño a la carrera política de Ebrard gracias al fuego amigo de sus ayudantes no para ahí, porque el mensaje que contiene el juego twittero en la construcción (o destrucción) de una imagen pública también evidencia cómo se está haciendo uso de los recursos públicos, de los impuestos que pagan los ciudadanos por la marcha, en este caso de la ciudad, y qué se puede esperar si se sigue apoyando a un político que quizá tenga muchas virtudes, pero no la de comunicar de manera adecuada sus proyectos de gobierno para convencer a la ciudadanía, por la vía de la razón, de que sus decisiones realmente son benéficas para las mayorías.

En México cualquiera dice que sabe manejar redes sociales; pero lo cierto es que los que se dicen expertos y quieren dorarle la píldora a quienes desconocen el ciberespacio no han leído a los teóricos de la comunicación ni han estudiado técnicas efectivas de e-marketing, que son las bases de la “nueva” comunicación política y de la democracia del siglo XXI. Así, Ebrard y muchos otros suspirantes del poder, en México y en otros lugares también, estarán cavando sus tumbas electorales si no aprenden a aplicar las reglas básicas de las teorías políticas y sociales a las tecnologías de la información, que por cierto, se usan exitosamente en otras regiones del mundo. <<>>